Represión española en Catalunya. Puigdemont denuncia “de facto un estado de excepción”. El pueblo toma la calle (videos)

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La Guardia Civil registra varios organismos de la Generalitat esta mañana: los departamentos de Economía, Governació, Bienestar Social y Exteriors. Por otra parte también se ha entrado a CTTI, Hisenda, Atenció Ciudadana y el Institut Català de Finances (ICF). La policía española ha asegurado que los registros responden a unas diligencias ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13. En este caso, la Fiscalía no ha ordenado ni detenciones ni registros.

Asimismo, agentes del mismo cuerpo policial habrían accedido al Consorci de la Administració Oberta de Catalunya, en el Institut Català de Finances, en el Centre de Telecomunicaciones de la Generalitat, en la empresa Indra y en la Agència Tributària de Zona Franca, donde se ha entrado en el despacho de su director, Eduard Vilà. Se está registrando también la casa del director general de Patrimoni. Francesc Sutrias y la fundación Punt CAT.

La Guardia Civil ha detenido a trece altos cargos en el operativo desplegado en varias sedes de la Generalitat de Catalunya para recopilar pruebas e indicios sobre el referéndum el 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional, siguiendo el mandato del Juzgado Instrucción número 13 de Barcelona.

La Guardia Civil espera instrucciones del juez para saber qué hacer con los detenidos. Hay varias posibilidades: que no se los lleven una vez terminados los registros, que los lleven a comisaría sólo a firmar o que los lleven a comisaría a interrogarlos. “Dado el alcance de la operación” los registros durarán horas, apuntan fuentes policiales.

El Govern se reunirá de urgencia en Palau a las 10:30h. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado esta reunión con los consellers después de constatar la gravedad de la situación. Después hará una declaración institucional.

La presidenta del Parlament ha ocurra también en Palau para estar informada de la situación por el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras. Por otra parte, se están produciendo concentraciones delante de los edificios registrados.

Hasta el momento se han realizado nueve registros y se han detenido a 16 personas, entre ellas altos cargos como Josep Maria Jové Lladó, secretario general de Hacienda, Josue Sallent Rivas (CTTI), Xavier Puig Farré (Exteriors), Josep Maria Salvat Tenesa (Conselleria Economía y Hacienda). Según ha podido saber El Nacional, los detenidos podrían ser retenidos sólo durante los registros.

Otros de los detenidos son Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de propaganda en una nave, David Franco, jefe de desarrollo de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació, David Palanca, responsable de la Oficina Tècnica de Projectes (CTTI) y Juan Manuel Gómez, de la Conselleria de Economía y Hacienda.

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Orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona

Amparado en un estricto secreto de sumario, el juez de instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, ordena desde el mes de febrero varias operaciones policiales en busca de pruebas que puedan detener el referéndum. Dos denuncias a raíz de las declaraciones que hizo Santi Vidal a principios de año hicieron abrir la caja de los truenos y levantaron todas las alarmas, y el caso acabó en los tribunales, a manos de un juez marcado por procesos polémicos contra castellers, anarquistas e independentistas.

Hoy, Ramírez Sunyer ha roto su silencio y por primera vez ha autorizado un comunicado de prensa. Un párrafo sin muchos detalles pero que da por primera vez la pista sobre cuántas personas se estaría actuando: 20. 20 cargos del Govern de la Generalitat, algunos de los cuales interrogó la Guardia Civil a finales de julio en el cuartel de Travessera de Gràcia. Los delitos, también los conocemos hoy: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, ¿estaría José Antonio Ramírez Sunyer invadiendo competencias de la magistrada Mercedes Armas que investiga la querella de la fiscalía contra los cargos del Govern de la Generalitat entre los cuales el president, Carles Puigdemont?

No hay un solo caso como caso “Referéndum”. Hay diferentes investigaciones en marcha a partir de las querellas que ha ido presentando la Fiscalía y las denuncias contra las declaraciones del exjuez y senador Santi Vidal. Fuentes judiciales aseguran que mientras su investigación no choque con uno de los acusados aforados, no hace falta que se inhiba y puede seguir investigando como está haciendo hasta ahora.

En caso de que hoy, después de los registros en el Departament d’Economia, estirando del hilo, encontraran pruebas contra el vicepresident Oriol Junqueras, por ejemplo, el juez del 13 tendría que traspasar el caso, o al menos una parte de él, a la magistrada del TSJC, Mercedes Armas. Pero, de momento, eso no es así. Y por lo tanto, el juez de instrucción del 13 tiene plenas competencias para investigar y ordenar registros y detenciones. Lo que no concreta el juez en el escueto comunicado es si las ha ordenado él o no. No especifica si son iniciativa suya o bien si ha dado la orden a partir de la petición de la Guardia Civil.

Tampoco ligan los registros que dice que ha ordenado con los que se están haciendo. Según el juez, ha ordenado “el registro de seis despachos ubicados en diferentes sedes oficiales del Govern de la Generalitat de Catalunya. El registro se limita a los despachos de personas que tienen la condición de investigados dentro de la causa. Además en el día de hoy, el magistrado ha acordado el registro en tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga”.

El juez ha ordenado 41 registros en seis despachos ubicados en diferentes sedes oficiales del Govern de la Generalitat de Catalunya. Según el comunicado: “el registro se limita a los despachos de personas que tienen la condición de investigados dentro de la causa. Además, en el día de hoy, el magistrado ha acordado el registro en tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga. También se han acordado registros en despachos profesionales no oficiales y domicilios particulares”.

Los registros se están haciendo todavía en los departamentos de Economia, Governació, Benestar Social i Exteriors, el CTTI, Hisenda, Atenció Ciutadana y el Institut Català de Finances (ICF). Además la policía también ha entrado en el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, en el Institut Català de Finances, en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, en la empresa Indra y en la Agència Tributària de Zona Franca. Lo que no concreta es si también ha ordenado entrar en la sede de la CUP para requisar material electoral, como ha acabado pasando al mediodía.

El TSCJ ha informado en medio de los registros en los departaments de la Generalitat que las dos declaraciones de testigos señaladas por la tarde de mañana dentro de la causa que instruye la magistrada Maria Eugènia Alegret contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y miembros de la Mesa, han sido suspendidas por petición de una parte, por imposibilidad de asistencia de un letrado.

Sobre las querellas de Neus Lloveras, presidenta de la Associació de Municipis per la Independència, y Miquel Buch de la Associació Catalana de Municipis, hoy el juez ha dictado como medida cautelar que retiren de sus páginas web toda la información sobre el referéndum.

La Guardia Civil exhibe competencias judiciales y la Policía Nacional, el CNP, está haciendo una exhibición de fuerza. Delante la sede de la CUP, hoy, paradójicamente se han desplegado los antidisturbios de la policía española a pesar de no tener competencias en orden público. Las furgonetas blindadas y los agentes luciendo las lanzaderas de pelotas de goma (armamento extinguido en Catalunya por parte de los Mossos d’Esquadra) se han mostrado ante uno de los puntos más fáciles de encender: la manifestación de apoyo delante la sede de la CUP.

El juez que perseguía castellers, anarquistas e independentistas

Juan Antonio Ramírez Sunyer es el titular del juzgado número 13 de Barcelona. El controvertido juzgado de instrucción que investiga los preparativos del referéndum. Su currículum está minado de casos polémicos y se lo considera un viejo conocido del independentismo, precisamente por el tipo de investigaciones que ha dirigido, en las que no ha dado coba al procés. De hecho, a Ramírez Sunyer no le ha temblado nunca el pulso cuando ha tenido ante sí una denuncia contra cualquier cargo público de la Generalitat.

El año 2016, la Generalitat lo condecora durante el Dia de les Esquadres. El reconocimiento le llega tres meses después de no admitir a trámite la denuncia contra el entonces director general de la Policia, Albert Batlle. El magistrado lo acusaba de no perseguir la pitada al himno español durante la final de la Copa del Rey. La denuncia se quedó en un cajón, el juez tuvo su condecoración, pero un año después las cosas han dado un giro y ahora tiene en sus manos la investigación judicial para presionar y atemorizar al Govern, y evitar el referéndum.

Ramírez Sunyer hace 14 años que está en el juzgado número 13 de Barcelona y va a estar tiempo, porque no piensa jubilarse hasta los 72 años, una petición que le ha sido aceptada este mismo año. El juez que admitió a trámite la querella de Vox y que está investigando al exsenador Santiago Vidal, al presidente del Consell Assesosr per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, es magistrado desde 1994 y empezó en los juzgados de Sant Boi. Fue titular del juzgado de primera instancia número 5 de Terrassa y en 1997 lo trasladaron a Badalona, donde al cabo de tres años fue nombrado decano de los juzgados de la ciudad.

El año 2003 lo trasladan a Barcelona, al juzgado de instrucción número 13, desde donde ha dirigido controvertidas investigaciones y casos que han saltado a la luz pública, algunos de los cuales han sido mediáticos y polémicos.

Ramírez Sunyer fue el juez que encarceló al único detenido de can Vies que acabó en prisión. De los 84 detenidos, solo el casteller de Barcelona Sergi Rubia se pasó 23 días encerrado. Lo acusaban primero de quemar un contenedor. Después, de empujar un contenedor contra otro contenedor que estaba ardiendo. Pero lo tuvieron que dejar en libertad por falta de pruebas. Era el año 2014.

“Las Brigadas de la Cólera”

También en el 2014, un grupo autollamado “Las Brigadas de la Cólera” envía una carta bomba al juez Ramírez Sunyer “por su especial celo al perseguir la disidencia anarquista y antiautoritaria”. La policía interceptó el paquete en la oficina de correos de la calle de Josep Carner de Barcelona. El grupo anarquista reprochaba al juez el encarcelamiento los últimos dos años de varios anarquistas y lamentaba que “el paquete no haya llegado a su objetivo”.

Diez años antes, el juez había encarcelado a dos jóvenes, alegando precariedad laboral y desarraigo. Estaban acusados de arrojar varios cócteles molotov contra la comisaría de Sants. Una vez acabado el caso, los absolvieron y los tuvieron que indemnizar por el tiempo que habían estado encerrados en prisión.

Los espías

El 2015 Juan Antonio Ramírez imputó al exdirector del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), Carles Flamerich, y al entonces trabajador Xavier Forner, después de una denuncia de un particular, Albert Gabàs, un trabajador contratado por el Cesicat en el 2012.

Unos correos enviados en el 2013 por Gabàs al entonces conseller d’Empresa, Felip Puig, y al de Interior, Ramon Espadaler, acabaron en manos de los directivos del Cesicat, que habían instalado filtros para controlar los correos del trabajador. Las sospechas de que había una intercepción de las comunicaciones se desencadenó cuando el director general de Telecomunicacions, Carles Flamerich, respondió a uno de estos correos, en vez de hacerlo su verdadero destinatario, aunque se encontraba en Estados Unidos. El juez intentó archivar en varias ocasiones el caso, pero la Audiencia de Barcelona lo obligó a seguir investigando.

El himno de España

El juez de instrucción número 13 es el mismo que el verano del 2015 abrió diligencias contra el director general de la Policia en aquel momento, Albert Batlle, por un presunto delito se omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que la pitada al himno en la final de la Copa del Rey del 30 de mayo podía cosntituir un delito de injurias al Rey y de ultraje a los símbolos de España. La denuncia había sido presentada por una asociación que también pedía la imputación de Artur Mas. Pero Juan Antonio Ramírez acabó archivando la acusación contra Batlle y no investigó a Mas.

El senador que habló demasiado

El asedio al referéndum empieza este año. El mes de febrero, Ramírez Sunyer admite la querella de Vox a raíz de las declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santi Vidal. Vidal había celebrado varios actos públicos, y en uno de ellos, que se gravó en vídeo, llegó a afirmar que la Generalitat ya tenía todos los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de manera ilegal, y que estaba negociando con fondos extranjeros la financiación para la desconexión de España. El juez del 13 aceptó la querella y la amplió al presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional y al secretario de Hisenda de la Generalitat.

La causa se ha ido creciendo. Y aunque Ramírez Sunyer ha dicho ya en dos ocasiones que no ha ordenado ninguno de los interrogatorios que está practicando la Guardia Civil, el caso es que ha prolongado un mes más el secreto de sumario y que después del acto del 4 de julio, el único acto que se ha hecho para explicar el referéndum, envió a la Guardia Civil al Teatre Nacional de Catalunya a pedir los contratos que debían revelar quién estaba detrás de la organización del acontecimiento.

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Puigdemont: “Ante un régimen represivo e intimidatorio, el 1-O llevaremos la papeleta y la usaremos”

El president, Carles Puigdemont, ha comparecido a las once y media en la galería gótica del Palau de la Generalitat, escoltado por los miembro del Consell Ejecutiu, para denunciar la acción del Estado “represiva e intolerante” y asegurar que el Govern mantiene la convocatoria de referéndum del 1-O.

“Los ciudadanos estamos convocados el 1-O para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio. Y tenemos que dar una respuesta masiva y cívica. Nos tenemos que preparar para responder con las únicas armas que tenemos, la respuesta ciudadana y la actitud pacífica y civilizada que nos ha caracterizado en este tiempo”, ha asegurado.

El president ha apelado a una respuesta de “firmeza y serenidad”, para denunciar “los abusos”. “Pero el día 1 saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la utilizaremos”, ha asegurado, destacando que esta acción tendrá que contrastar con la de aquellos que sólo hablan con el lenguaje con el que demasiados años ha hablado el autoritarismo.

Antes de comparecer, el president ha convocado una reunión de urgencia del Govern, al Palau también han acudido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el expresident Artur Mas.

“El Govern de Catalunya ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del gobierno español con el objetivo de impedir que los catalanes se puedan expresar en paz y libertad el 1-O y con el propósito de suspender el Govern”, ha empezado el president su declaración de seis minutos.

Ha denunciado que “esta agresión está fuera del amparo legal, se ha perpetrado vulnerando el estado de derecho y todas las garantías constitucionales y violentando la Carta de Derechos de la Unión Europea”, con la cual “el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”.

El president ha recordado que “las libertades están siendo suspendidas y suprimidas, los alcaldes son llamados a declarar sin haber cometido ningún delito, sólo como medida de intimidación, como reconoce el fiscal general del Estado que confunde su autoridad con la barra libre”

“Las irrupciones policiales en sedes del Govern, las detenciones de altos cargos del Govern, y los registros indiscriminados, la intimidación a los medios de comunicación, una actuación de la Fiscalía al margen del control judicial, el intento de bloqueo de las cuentas de la Generalitat, la violación del secreto de las comunicaciones postales, el cierre de páginas web y la amenaza a ciudadanos, genera una situación inaceptable en democracia y es propia de un gobierno que pretende resolver por la vía de la suspensión del estado de derecho y el asedio a la democracia y las libertades lo que es la democracia de la inmensa mayoría del pueblo de Catalunya”, ha denunciado.

Ante esta situación, ha asegurado que el Govern quiere dirigir a los ciudadanos “un mensaje claro” de condena y rechazo de la “actitud totalitaria y antidemocrática del Estado, y un gobierno que ha enseñado el rostro intolerante que ha tenido en buena parte de la historia la política española”.

Ha reiterado todo el apoyo y amparo político, jurídico y personal a los miembros y servidores públicos detenidos. Por otro lado, ha denunciado “como ilegítima” la intervención del Govern por parte del gobierno español “que no respeta los principios fundamentales de la democracia”, pero ha reiterado que habrá una respuesta pacífica ante esta situación. “Consideramos que el gobierno español ha rebasado la línea roja que lo separaba de los regímenes autoritarios y represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática”, ha denunciado.

Puigdemont ha anunciado que el Govern estudiará con agentes económicos y sociales y cívicos “las respuestas oportunas”. “Haremos valer la legitimidad de la decisión de los catalanes. No retrocederemos porque no tenemos derecho y defenderemos el derecho de los catalanes a decidir su futuro, porque es el encargo que recibimos de ellos y del Parlament”, ha subrayado.

Ha asegurado que el Govern siempre tomará decisiones al amparo de la “legitimidad ganada en las urnas y será fiel al propósito de una legislatura, un Parlament y un programa de gobierno nunca suspendido” y ha advertido que “lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún Estado de Unión Europea”.

“A los ciudadanos hoy indignados, el Govern de Catalunya les ratifica el compromiso y la garantía a defenderlos siempre. No aceptaremos un retorno a épocas pasadas y no aceptaremos que no nos permitan decidir las épocas futuras de libertad y democracia”, ha concluido.

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Miles de personas se concentran espontáneamente al grito de “votaremos”

Miles de personas, alrededor de 50.000, se han concentrado delante de la conselleria de Economía para cerrar el paso a los guardias civiles que desde primera hora han entrado en el departament de Oriol Junqueras. “Esta noche la pasaréis aquí”, advierten el concentrados en unos de los clamores más coreados.

Los vehículos de la Guardia Civil con que se han presentado los agentes han desaparecido bajo el gentío que se ha subido encima poniendo a prueba los amortiguadores con el “vote, vote, vote” y el “Independencia”. De aquí otra de los gritos más repetidos en tono de aviso: “Esta noche os vais sin coche”. De momento, una de los coches se ha quedado sin matrícula mientras alguien ha entrado dentro y ha encendido las luces del techo.

“Votaremos”, “No tenemos miedo”, “Esto con Franco sí pasaba” y “las calles serán siempre nuestro”, son algunos de los lemas que repiten los presentes. Cada vez que desde el balcón del delante de la conselleria una cadena española hace sus conexiones en directo, los concentrados estallan: “prensa española, manipuladora”!.

En general, sin embargo, el tono es festivo e irónico y el “dónde están las papeletas” se ha convertido también aquí en uno de los hits. En las puertas del departamento, diputados de JxSí han hecho guardia todo el día, al igual que la gente que ha ido llegando desde que a primera hora ha empezado el registro de la policía. Junqueras, ahora en el palau de la Generalitat, también se ha presentado, al igual que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se ha acercado después de pronunciar una declaración institucional en la Cámara catalana.

A las seis de la tarde han empezado a aparecer ensaladas y botellas de agua que se repartían entre los presentes. En los balcones del departamento se han colgado esteladas y banderas del referéndum, pero uno de los momentos más celebrados ha sido cuando una inmensa pancarta se ha colgado desde el terrado del edificio que hace esquina con Gran Vía con el lema The Catalan Republic

Se ha cantado repetidamente Los Segadores y La Estaca, pero también La llama de Abrimos paso, que ha sonado a través de los altavoces. “No queremos otra dictadura”, advierten los presentes, que no parece que ahora mismo tengan especial prisa por marchar.

Posteriormente, las entidades soberanistas han llamado a aboandonar el lugar y concentrarse “permanentemente” ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

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La CUP expulsa a la Policía de su sede: “Quienes hemos resistido, hemos ganado”

La Policía Nacional española se ha tenido que marchar con las manos vacías. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han rodeado este miércoles la sede nacional de la CUP, en la calle Casp de Barcelona. Lo han hecho después de intentar entrar en el local para buscar material para el referéndum del 1 de octubre y que los manifestantes hayan detenido la actuación. La Policía no tenía orden de registro y, después de haber estado más de siete horas rodeando a los manifestantes y esperando a que llegara el secretario judicial para poder intentar volver a entrar, se han marchado sin el orden y sin poder entrar en el local.

Hacia las nueve de la noche, los anticapitalistas han dado por desconvocada la concentración. “Hoy todos los que hemos resistido, hemos ganado esta batalla”, se ha felicitado Núria Gilbert, miembro del secretariado nacional de la formación anticapitalista. Sin embargo, ha pedido “no abajar la guardia”, porque la represión del Estado español no se detendrá.

En un primer momento, miembros de la formación anticapitalista se habían encerrado dentro el local para evitar la entrada de los agentes, aunque después han salido para unirse a la protesta. Desde la organización de la CUP han pedido en todo momento una resistencia pacífica y que los manifestantes se sentaran en el suelo para evitar la entrada en la sede. “Si quieren entrar en la sede, tendrán que pasar por encima nuestro”, ha asegurado Núria Gilbert.

Durante las siete horas horas de concentración, varios representantes políticos, de diferentes colores, se han dejado ver por la sede de la CUP para solidarizarse. Han ido el exalcalde Xavier Trias, el teniente de alcalde Jaume Asens, los diputados de JxSí Germà Bel, el líder de Demòcrates Antoni Castellà y el concejal de ERC Alfred Bosch, entre otros.

Sin explicaciones

La principal denuncia de la CUP es que no han recibido ningún tipo de explicación sobre el operativo en su sede nacional. Durante la tarde, diputados de la CUP se han dirigido al comando de la Policía Nacional española a preguntar qué buscaban con este operativo. Sin embargo, según ha relatado Núria Gilbert, “ni se han dignado a hablarles, a devolverles la palabra”. Ha denunciado que “es una excepcionalidad que en democracia se entre en las sedes de los partidos políticos”.

Ante la falta de respuestas, la formación anticapitalista ha decidido formar un dispositivo jurídico integrado, además de por diputados cupaires, por representantes de las principales entidades de defensa de los derechos humanos de Barcelona, del Colegio de Abogados y del Ayuntamiento de Barcelona. “El único objetivo es tener una mínima información sobre qué ha motivado el operativo”, ha explicado el diputado y abogado Benet Salellas.

Este dispositivo jurídico es el que ha decidido llevar el caso a un juzgado de guardia “para ejercer presión”, en palabras del mismo Salellas.

(Fuente: El Nacional.cat)

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