El Estado español cita a 712 alcaldes catalanes. La CUP se reafirma en la desobediencia. Colau alimenta la ambigüedad

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

El oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña “exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal” e insiste en que cualquier conducta de las “autoridades” que facilite el 1-O puede constituir delito.

En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar “a los Mossos d’Esquadra como policía judicial” para que la lleven a cabo “en el plazo más breve posible”.

Mientras tanto, JxSí y la CUP han pedido a la Mesa que aplace el pleno del Parlament de la semana próxima para no interferir en los actos en defensa del 1-O que tienen previsto llevar a cabo a partir del viernes pese a la suspensión de la convocatoria decretada por el Tribunal Constitucional.

Colau manifiesta una ambigua solidaridad

Siete horas ha tardado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en manifestarse públicamente después de conocer la citación de la Fiscalía a 712 alcaldes catalanes por su colaboración con el referéndum del 1-O. Colau, que ha hecho un par de tuits pasadas las ocho de la noche, ha dado su apoyo a los alcaldes “contra la intimidación y la judicialización”. En el tuit, también pedía “soluciones políticas ya”.

Ada Colau sin embargo se negó hace unos días a facilitar espacios del consistorio barcelonés para la celebración del referéndum del 1-O dificultando así la instalación de urnas en la ciudad más poblada de Catalunya.

La CUP se reafirma en la desobediencia

Esta tarde las Candidaturas d’Unitat Popular han hecho público un comunicado (que reproducimos a continuación) en el que se reafirman en la desobediencia:

Frente al anuncio del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sobre la citación de las alcaldesas y alcaldes que han firmado los decretos de apoyo al Referendum de Autodeterminación del 1 de Octubre, y la orden a los “Mossos d’Esquadra” de detener a aquellas que no comparezcan, la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) manifiesta que:

• No compareceremos ante las citaciones del Fiscal General del Estado y emplazamos al resto de las fuerzas políticas a hacer lo mismo, al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación y de la legitimidad democrática mayoritaria de las catalanas y catalanes que quieran ejercer su derecho a voto el día 1 de Octubre.

• Denunciamos que la Fiscalia General del Estado, limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de aquellas alcaldesas y alcaldes que no comparezcan ante la citación. Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite competencial vulnerando sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad.

• Denunciamos la actuación demofóbica del estado español y de ataque a los derechos fundamentales, ordenando unas detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y los cargos electos.

• Responderemos conjuntamente, tal y como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del Estado para imponer lo que entendemos es el mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminacion.

Fuentes: www.heraldo.es / www.elnacional.cat / www.cup.cat