Más de 400 ex trabajadores de Delphi, enjuiciados por los cursos diseñados en el protocolo firmado por sindicatos y Junta

ex Delphi

La pesadilla continúa para los ex trabajadores de Delphi diez años después del cierre empresarial. Esta semana, el lunes, miércoles y viernes, se han celebrado juicios por la supuesta recepción irregular de ayudas que cobró el colectivo mientras recibían sus cursos de formación, tras la clausura de la factoría en febrero de 2007 y la recepción, supuestamente irregular, de ayudas de los ex Delphi, juicio en el que se tratará de determinar si el dinero que cobró el colectivo a través de la Fueca, mientras recibían cursos de formación, fue legal o no y que podría terminar obligando a devolver a cada ex trabajador un montante de hasta 20.000 euros.

Más de 400 ex trabajadores de Delphi se han enfrentado esta semana al juicio por los cursos de formación recibidos; se les reclama las ayudas en función de la cotización de estos cursos, contemplados en los protocolos que firmaron los sindicatos implicados en el conflicto en su día con la Junta.  Los ex trabajadores de la planta puertorrealeña de Delphi, que abandonaba la Bahía en 2007, han sido enjuiciados por los cursos de formación de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) y por la denuncia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que les reclama las ayudas recibidas en función de la cotización de estos cursos, contemplados en los protocolos que firmaron los sindicatos implicados en el conflicto en su día con la Junta de Andalucía.

Las defensas de los ex trabajadores de Delphi esperaban que el juicio previsto para el martes en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz se aplazase, pero finalmente se celebró y quedó el viernes visto para sentencia. En esta vista se trataba de dirimir la responsabilidad de los 416 antiguos operarios que cobraron prestaciones por desempleo del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) después de haber recibido cursos de formación por parte de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) durante unos tres años.

En el juicio, los portavoces de los sindicatos que los representan (UGT, CGT y USO) insistieron en que los ex trabajadores fueron “víctimas” de un “supuesto fraude”. Eso sí, el SEPE insistió en el juicio de ayer en que seguirá reclamando que le devuelvan esas cantidades, aunque no sean los 416 imputados los que paguen, sino las empresas y fundaciones que impartieron aquellos cursos.

Como explicaron desde los sindicatos, el juez decidió escuchar a todas las partes, aunque no atendió la petición de aplazar la vista hasta que esta misma semana quede resuelto el origen del conflicto: determinar si en los cursos impartidos por Fueca hubo supuesto fraude laboral o no y si, por tanto, las prestaciones que después cobraron los ex Delphi fueron legales o no. De momento, el Servicio Estatal de Empleo ya ha dejado claro que exigirá el reembolso de esas cantidades si se demuestra que hubo ilegalidades.

Más de 400 encausados, alrededor de 60 abogados y procuradores, varios sindicatos y una sola sala de vistas. Este puede ser el resumen del primer día de juicio vivido en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz. Estas vistas, como otro juicio previsto para el 2018, tienen su origen en el 2013, cuando la Inspección de Trabajo alertó de que podía haber irregularidades en el mecanismo de los cursos de formación remunerados que la Junta de Andalucía había activado para garantizar a los ex trabajadores de Delphi una prestación económica con consideración de nómina por la asistencia a los cursos, con los que se pretendía también facilitar su incorporación al mercado laboral.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz ha denunciado la “la falta de previsión y respeto de la administración de justicia” hacia los operadores jurídicos que representan a los más de 400 ex trabajadores de Delphi, más alrededor de 60 abogados y procuradores, en el juicio. El presidente del colegio, José Blas Fernández, ha lamentado que este juicio “no se haya organizado con las mínimas garantías y medios para los profesionales”, según ha informado el Colegio de Graduados Sociales.

Una de las salas de las dependencias del Juzgado de lo Social en las oficinas ubicadas en el estadio Carranza” de reducidas dimensiones, apenas se han podido situar 37 sillas para los más de 60 profesionales que debían intervenir”, ha explicado. “Abogados y graduados sociales asistiendo de pie, sin ni siquiera sitio para utilizar documentos o apuntes, o sentados entre el público, en una sala que está diseñada para vistas reducidas”, ha indicado. Por ello, “se debería haber trabajado con previsión, habilitando una sala especial para poder celebrar esta macro causa, con más de 400 trabajadores representados por profesionales que no se merecen estas condiciones”, ha expresado Blas Fernández.

En el juicio del martes, que corresponde a la demanda del SEPE, este servicio ha dejado claro, según las fuentes sindicales, que no persigue que los ex trabajadores sean condenados por este fraude, pero sí que las empresas y fundaciones que supuestamente participaron en él devuelvan las cantidades. Y para ayer miércoles estaban citados en el Juzgado de los Social número 3 para la vista que verá la demanda que Fueca interpuso contra los que esta fundación consideraba actores de este supuesto fraude, entre ellos los ex trabajadores.

Cabe recordar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con fundamento en un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados los contratos laborales realizados a los ex delphis, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación, como Fueca e Inteca, que han reaccionado “demandando a los trabajadores”. En este sentido, los ex trabajadores de Dephi recuerdan que la propia Inspección de Trabajo señala en su informe que fueron “ajenos a tal simulación” y que “no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas”.

Según han resaltado, dicho informe de la Inspección expone que sí se ha comprobado la existencia de “un sistema de subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría”. En este sentido, agrega que “parte de estas subvenciones se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales -con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones- para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi”.

Según han enfatizado, los perjuicios para los ex trabajadores derivados de esta situación es “aún más grave” si se tiene en consideración que para mantenerse en el Dispositivo de Tratamiento Singular “se exigió a cada uno de ellos la firma de un contrato de adhesión individual que implicaba el compromiso de aceptación y cumplimiento de los planes de formación y de las contrataciones laborales que ahora parecen resultar no ajustadas a derecho”.

Miguel Paramio, portavoz de USO, dijo que espera quede claro que los ex trabajadores de Delphi no son “culpables” de la simulación de contrato, tal y como se les acusa. Ellos entienden que siguieron las pautas que se les daban, dentro de las acciones que la Junta de Andalucía puso en marcha para ayudar a los más de 400 exempleados de la factoría que, dos años después del cierre de la fábrica y una vez agotados su periodo de cobertura por desempleo, seguían en paro.

(Fuentes: Diario Bahía de Cádiz / Diario de Cádiz / O Cádiz Digital / Puerto Real Hoy)

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