Investigan sospechosos embargos y subastas de casas en Mijas

«A los contribuyentes de Mijas (Málaga) más les valía pagar sus impuestos y multas municipales… o el Ayuntamiento les embargaba la casa y la malvendía. A vecinos que debían no más de 5.000 euros el consistorio les ha quitado casas de un valor medio de 300.000 y se las ha subastado por menos de 30.000. La Justicia investiga ahora por qué semejantes castigos, qué políticos y funcionarios los ejecutaron y, sobre todo, qué relación tienen con quienes se beneficiaron de las subastas-chollo».

 Así, con esta información tan grave, abre la revista «Intervíu» una noticia en su edición de esta semana y que, en caso de que los indicios se confirmasen, podría suponer un gran escándalo para la Corporación municipal anterior del municipio costasoleño de Mijas.

Subastas a  precios de ganga

Según la veterana revista, el ayuntamiento de este municipio malagueño llevó a cabo subastas de inmuebles a precios irrisorios durante el pasado mandato en el que los destinos de la localidad fueron regidos por un equipo de Gobierno del PP y un regidor, Angel Nozal, de la misma formación. Como ejemplo de esta situación muestra el de una finca de coste 1,4 millones de euros y que se vendió por solo 34.000.

Un centenar de vecinos afectados

Se da la circunstancia de que el ayuntamiento de Mijas llevó a cabo subastas de inmuebles a precios irrisorios. Lo grave es que las casas puestas a la venta no eran propiedad municipal, sino de vecinos que tenían deudas con el ayuntamiento en forma de tasas pendientes de pago. En concreto este hecho habría afectado a más de un centenar de vecinos de la localidad en un periodo que abraca a los últimos cinco años, vecinos que visto perdidos sus inmuebles por deudas locales que se mueven en la orquilla de los 1.000 a los 4.000 euros.

Según la revista Interviu «por esa cifra se han enajenado viviendas de valores de tasación medios de entre 100.000 y 300.000 euros. Un gran negocio, pues el valor de tasación para subasta es además inferior al que una vivienda puede alcanzar en el mercado.

Falsedad, tráfico de influencias y prevaricación

El caso revive ahora pues un grupo de afectados y el sindicato Manos Limpias han llevado a los tribunales estas subastas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, la Fiscalía de Málaga y la Guardia Civil investigan supuestos delitos que podrían tipificarse como de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en el consistorio mijeño.

Colectivo cercano al poder municipal

El fiscal jefe de Málaga incoó diligencias tras la primera denuncia, en enero de 2015. En junio resurgió con más impulso porque uno de los afectados declaró en un escrito que existía “un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para acometer fraudes”. Ahora ha aflorado un listado de subastas, al que ha tenido acceso esta revista. Dicho medio adelanta que el listado es «sorprendente por sus cifras».

Dramas familiares

Entrevistas de esta revista a personas afectadas dan una dimensión del drama humano.  Un ejemplo puede ser el de Ana Sánchez y su marido, Salvador, matrimonio . El marido contrajo una deuda con el ayuntamiento por una parcela que poseía en el campo. El Ayuntamiento le embargó la vivienda familiar y procedió a su subastá y, posteriormente, la adjudicó a un nuevo propietario. “Cuando me enteré de que iba a salir a subasta, quise saldar la deuda municipal de 19.000 euros, pero no me dejaron porque querían que pagara también otra de mi esposo”, explica a la revista Sánchez. “¿Por qué no embargan las cuentas, un coche, la parcela del campo? ¿Tienen que quitarme la casa donde vivimos con nuestras tres hijas?”. La vivienda tenía un valor de tasación de 367.865 euros, según Interviú, pero fue adjudicada a un tercero por 110.000.

«Vinieron a echarnos»

También destaca por su crueldad el caso de Sergio Martín y su familia. El padre de Martín, explica en la entrevista de la revista, contrajo una deuda por sanciones por irregularidades en su construcción. La deuda inicial era de 62.000 euros. Hacienda iba a proceder a su subasta ya que la familia no pudo abonarla. Sin embargo el Ayuntamiento se anticipó. Según esta familia «vinieron a echarnos sin mediar palabra. Cambiaron la cerradura y nunca más he podido entrar”. Sin embargo, la casa, que se debía derribar por su construcción irregular, sigue en pie. Además el Ayuntamineto le ha dado uso como almacén de maquinaria.

Relación del PP y los adjudicatarios

El importante trabajo de investigación finaliza manteniendo que algunos afectados por estas subastas creen que el entonces concejal de Hacienda, Mario Bravo y el alcalde Angel Nozal, así como otros miembros del PP, «tienen relación con los adjudicatarios». Los citados lo niegan pero los intentos de Interviú por obtener la versión del exalcalde han sido en vano.

(Fuente: El Plural)

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