Chaves y Griñán citados a declarar como imputados

El juzgado que instruye el caso de los ERE ha llamado a declarar como investigados, antes imputados, a los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza relativa al procedimiento creado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas a las empresas.Los expresidentes, cuya declaración había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, han sido citados el próximo 16 de marzo junto al exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera, han informado a Efe fuentes judiciales.

En una providencia fechada el pasado 4 de marzo, el magistrado Álvaro Marín entiende que es necesario que ambos expresidentes sean oídos, en calidad de investigados, para garantizar su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso de instrucción del caso.

Los expresidentes ya declararon ante el Tribunal Supremo y fueron imputados por prevaricación administrativa. En aquel momento Griñán ya había renunciado a su escaño como senador y Chaves lo hizo a los cuatro días de su imputación formal. Sin embargo, no fue hasta que José Antonio Viera salió del Congreso, poco antes de su disolución y tras haberse ‘atrincherado’ en el grupo mixto y abandonado el PSOE, cuando el caso de los ERE salió del Supremo y volvió a la justicia ordinaria. Ahora, todos los imputados políticos han perdido su aforamiento.

El próximo 16 de marzo, Chaves declarará ante el juez a las 10.00 horas, una hora después lo hará Griñán y Viera cerrará las comparecencias de ese día a las 12.00 horas. El magistrado también ha citado el día 30 de marzo a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a las 10.00 horas, al exconsejero de Economía, Antonio Ávila, a las 11.00 horas, y al extitular de Presidencia, Gaspar Zarrías, a las 12.00 horas.

Chaves y Griñán declararán ante el juez Álvaro Martín, que tras la salida de Mercedes Alaya ha quedado al frente de la pieza política del caso de los ERE junto a la instructora María Ángeles Núñez Bolaños. El juez Martín se estrenó el pasado febrero en la primera línea del caso ERE tomando declaración a los exconsejeros Manuel Recio y Francisco Vallejo. El magistrado, de corte conservador y presidente de la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, tiene en sus manos la pieza más codiciada de los ERE, la que atañe a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo a los expresidentes.

Este magistrado, de 45 años y natural de Cáceres, conoce bien la causa de los ERE. Aterrizó en septiembre de 2013 en el juzgado de Alaya como juez de refuerzo y fue el único que logró quedarse junto a la magistrada hasta su marcha, eso sí, dedicado a todos los asuntos ordinarios del juzgado, sin hacerle sombra. La división de la causa en varias piezas por parte de la nueva titular del juzgado se justificó para dar un impulso al caso tras cinco años de instrucción y ante el riesgo inminente de prescripción de delitos. 2016 está llamado a ser un año clave para que empiecen los juicios por este presunto fraude millonario que tiene bajo lupa 855 millones de euros públicos en ayudas sociolaborales que fueron repartidas mediante un sistema presuntamente ilegal.

Hasta ahora no estaba claro que los expresidentes fueran llamados de nuevo a declarar y en el caso de Griñán su abogado había intentado evitar una nueva comparecencia tras su declaración en el Supremo. Distinto, según varios abogados consultados, era el caso de Viera, sobre el que además pesa la imputación de malversación de fondos públicos. Finalmente todos los expresidentes y exconsejeros desfilarán por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. En su escrito, y tras aludir a la declaración en el Supremo, el juez fundamenta la citación “para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso”. El día 16 de marzo acudirán al juzgado Chaves, Griñán y Viera. El día 30 de marzo los harán los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. Los dos primeros ya habían declarado también ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En su declaración ante el Supremo, Chaves declaró que “nunca jamás durante su presidencia en la Junta de Andalucía se adoptó una decisión ilegal ni se impulsó una ilegalidad”. Esta declaración tuvo lugar en una situación complicada, después de que su sucesor Griñán, admitiera tras declarar en el Alto Tribunal que “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”, afirmación que provocó un gran revuelo interno en las filas socialistas. Por primera vez Griñán admitió en público tras más de cuatro horas ante el juez dos obviedades que, aunque sorprenda, hasta ese momento ningún socialista había verbalizado. Dijo que abandonó la presidencia de la Junta en manos de Susana Díaz para asumir su “responsabilidad política” en el caso ERE. Cuando se marchó aludió a razones personales y familiares y a la necesidad de un “relevo generacional”.

Tras firmar su cese sí admitió, a regañadientes y empujado por las preguntas de los periodistas, que quería evitar “el daño” y “la erosión” a la Junta por el caso. Después fue designado senador por la comunidad autónoma, lo que le garantizaba su aforamiento. Nunca, hasta que declaró ante el Supremo, ligó su dimisión con la asunción de responsabilidades políticas. Para Chaves el estallido del caso ERE lo pilló en la vicepresidencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y después fue en las listas al Congreso. Dejó el escaño el pasado mes de junio tras ser imputado por prevaricación administrativa.

Chaves y Griñán permanecen totalmente apartados del foco público y ni siquieran participan en actos de su partido, aunque ambos conservan la militancia. Los estatutos del PSOE contemplan la baja cautelar en el momento de apertura de juicio oral, situación que aún no ha llegado para los expresidentes pero que podrían enfrentar tras su declaración si el juez decide seguir adelante con la imputación y ve indicios de responsabilidad penal. Con motivo del 28 de febrero, días atrás Susana Día participó en un multitudinario mitin político que contó con la presencia de los expresidentes de la Junta Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. El acto trató de reivindicar la autonomía andaluza pero el veto a Chaves y Griñán puso de manifiesto el complicado intento de la presidenta socialista de borrar veinte años de gobiernos socialistas por el caso de los ERE.

La citación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán para declarar como investigados por el caso ERE abre un nuevo frente interno en el PSOE. Según el código ético del partido, tras la renuncia a todos sus cargos públicos, la apertura de juicio oral fija el momento el que los dos históricos del partido deberían de cursar su baja como militantes. “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”, se recoge en los estatutos del PSOE. El secretario general Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya pidieron a ambos sus renuncias al escaño. Ahora, a las puertas de unas nuevas elecciones y en plena negociación para formar Gobierno en España, los socialistas tendrían que afrontar el duro trance de pedirles que se den de baja de militancia si el juez sigue adelante tras sus declaraciones la próxima semana.

(Fuente: El Confidencial)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *