Doñana: El doble juego de Gas Natural. Suspende actividades pero siguen el proyecto y las expropiaciones

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Gas Natural Fenosa ha detenido sus trabajos en las inmediaciones de Doñana, aunque el pasado mes de septiembre inició todo el periplo para los trabajos de un almacén de gas en las inmediaciones de Doñana, actualmente no se trabaja en la zona.

El escollo interpuesto por la Junta de Andalucía para que se otorgue el permiso de explotación en las zonas que afectan directamente a Doñana, ha hecho que la compañía haya agotado los trabajos en el único sector en el que se le ha permitido operar hasta el momento, mientras que, para el resto, tiene hasta el momento a Junta y a la opinión pública en contra. Obtener la Autorización Ambiental necesaria por parte de la Junta parece ahora algo muy lejano.

El propio consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha ratificado que las obras están paralizadas aunque no existe una constatación oficial por parte de la empresa que, simplemente, ha dejado de trabajar en la zona.

Entretanto, mientras la compañía mantiene en ‘stand by’ las obras, el Gobierno continua adelante con los planes de la compañia y recientemente ha procedido a la expropiación de los terrenos afectados por una de las cuatro partes en las que está dividido el proyecto de almacenamiento de Gas en Doñana. Concretamente el proyecto denominado Marismas Occidental. En total están afectadas unas 4,5 hectáreas de terreno que afectan al propio ayuntamiento de Almonte y a varios empresarios agrícolas de la zona.

No solo eso, además la compañía mantiene un litigio con la Junta de Andalucía a la que le reclama en los tribunales más de 300 millones de euros para que le permita continuar adelante con sus planes.  Desde la Junta de Andalucía, han señalado que esta reclamación patrimonial se interpuso en el año 2014 y después de esto también hubo un intento de la empresa de pedir medidas cautelares para continuar con los trabajos, a día de hoy, ninguna de los dos litigios se ha resuelto.

En cualquier caso, mientras por un lado la empresa ha paralizado del todo las obras, por otro, permite que el Gobierno, que declaró el proyecto de utilidad pública el pasado 10 de marzo, haga expropiaciones en beneficio del futuro proyecto de la empresa.

Esta situación deja ahora en el aire a un proyecto que se inició con una gran polémica (campamento de Greenpeace incluido) y que tenía previsto una inversión de 200 millones de euros.  La compañía mantiene su confianza en obtener los permisos y tiene abierta una reclamación contra la Junta de Andalucía.

La compañía no tiene fecha por el momento para retomar los trabajos debido a la falta de permisos y autorizaciones para continuar con el proyecto. Gas Natural pretendía iniciar los trabajos e ir gestionando el resto de trámites necesarios en tanto realizaba las obras en esa primera fase, pero los tiempos han ido en contra de la compañía.

Desde el pasado 29 de diciembre la primera de las cuatro fases del proyecto de Gas Natural se ha dado por concluida (la fase conocida como Marismas Occidental) las otras tres fases, ahora mismo se dirimen entre una larga espera o la clausura total del proyecto.

En total, la compañía pretende realizar una red de gasoductos de 72 kilómetros que se adentran en el Espacio Natural de Doñana, de los cuales, según la propia empresa, 13 ya existen y se mantendrán, 37 serán renovados de la infraestructura actual y 22 serán de nuevo trazado. El gasoducto tendrá (de llevarse a cabo finalmente) un diámetro de 15 centímetros.

Pese a que la compañía lleva operando con gas en el entorno de Doñana casi 30 años, el hecho de querer inyectar gas en el subsuelo es lo que ha hecho saltar las alarmas de los ecologistas, quienes creen que el riesgo de fugas se incrementa y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un entorno de alto riesgo sísmico y que con los antecedentes de Castor, sería algo “inadmisible”.

Las obras que ya ha concluido Gas Natural y que se han llevado a cabo fuera del Espacio Natural de Doñana han consistido en la sustitución de 5 kilómetros de gasoducto y en la restitución de los terrenos intervenidos, según la compañía no se ha producido “ninguna afección al entorno”.

La Consejería de Medio Ambiente sólo ha dado luz verde a dos de los cuatro proyectos de Gas Natural, Marismas Occidental y Aznalcázar. La autorización ambiental  Integrada para los otros dos ha sido denegada, además la Junta con considera que los cuatro subproyectos deberían haber sido evaluados medioambientalmente de forma conjunta  y de forma individual como ha hecho el Gobierno central.

El conflicto alrededor del proyecto podría acabar dirimido en los tribunales. Gas Natural mantiene una reclamación patrimonial de 359 millones de euros contra la Junta de Andalucía, por considerar que ha cambiado su posición a lo largo de su tramitación.

Gas Natural afirma que continúa adelante con el proyecto del gasoducto

La empresa Gas Natural Fenosa continúa adelante con el proyecto para construir un gasoducto en las inmediaciones de Espacio Natural de Doñana, el proyecto Marismas Occidental, uno de los cuatro que prevé desarrollar en la zona.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la compañía después de que la semana pasada el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, indicara que a pesar de que la Junta no tenía constancia oficial “parece que Gas Natural Fenosa ha dejado en suspenso el proyecto” y precisara que según los técnicos de su departamento, no había actividad en la zona.

“No está paralizado” han indicado desde la compañía, por lo que el mismo, cuya ejecución comenzara a principios de septiembre de 2016, continúa según lo previsto.

Por lo que respecta al estudio realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre estos proyectos, a petición del Defensor del Pueblo Andaluz, desde la compañía se ha declinado hacer declaración alguna.

Dicho informe alerta, respecto a los proyectos, de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gasoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste.

En base a este informe, la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que realice una evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos y que inste al Ministerio de Industria a paralizarlo, o de lo contrario llevará al Gobierno a los tribunales.

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Los riesgos sísmicos y de contaminación de Doñana

Las asociaciones ecologistas están dispuestas a dar el do de pecho contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana autorizado por el Gobierno y que da luz verde al almacenamiento de gas en el subsuelo del parque natural. Las obras comenzaron el pasado septiembre. La extracción de este hidrocarburo se remonta a los años ochenta.

La compañía tiene ahora autorización para explorar nuevos pozos y para almacenar gas, lo que según alertan los ecologistas abre la puerta a que, vía puerto de Huelva, llegue el hidrocarburo desde países como Nigeria y se almacene en el subsuelo del parque natural. El sábado 26 de noviembre las principales organizaciones ecologistas preparan una gran movilización en la aldea de El Rocío. La pregunta que lanzan es clara: ¿es Doñana, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el lugar para almacenar gas?

Ecologistas en Acción, junto a Greenpeace, WWF, Seo/Birdlife, la Plataforma Antifracking de Andalucía, la Mesa de la Ría de Huelva o la Asociación de Amigos de Doñana, integran la plataforma que se ha levantado en pie de guerra. Admiten que solo cabe una “decisión política” para frenar a Gas Natural Fenosa y se muestran convencidos de que solo la presión de la opinión pública y de la Unión Europea obligará al Gobierno a mover ficha.

El 1 de diciembre acaba además el plazo que dio la Unesco, tras un primer toque de atención, para que se tomen medidas que eviten que Doñana entre en la ‘lista negra’ por ser patrimonio en peligro. Los ecologistas ya acudieron en una ocasión a la Unión Europea, que se lavó las manos. Ahora han recurrido también a los tribunales contra la resolución del Gobierno que contenía el reconocimiento de interés público del proyecto, lo que allanó todos los trámites burocráticos.

Riesgos en la seguridad

Esta plataforma confía en concienciar a la población de Huelva del impacto en el parque natural. “Faltan certezas científicas sobre la seguridad y las consecuencias del proyecto”, sostienen. Hasta ahora la desinformación, aseguran, ha sido la tónica general. Los agricultores de la zona hasta hoy han recelado de las reivindicaciones de los conservacionistas porque están también en el punto de mira por la proliferación de pozos ilegales para regar sus campos. El modelo es de agricultura intensiva con la fresa como estrella. Sin embargo, las últimas charlas organizadas por los ecologistas con expertos, empiezan a sembrar la inquietud. “Empieza a conocerse ahora de qué va esto. Hasta ahora la información ha sido muy limitada. Y a la gente del campo no le hace ninguna gracia que se atraviese el subsuelo de sus tierras”, señala Iñaki Olano, de Ecologistas en Acción.

La Junta trató de frenar una parte del proyecto y acudió a la UE, que miró hacia otro lado, después de que Gas Natural interpusiera una demanda patrimonial por 358 millones por un proyecto que estuvo parado desde 2013, unos tres años. Ni la compañía ni la Junta ofrecen ahora detalles del punto en el que está esta reclamación ante los tribunales. En los últimos meses la posición oficial del Gobierno andaluz señala su falta de competencias para intervenir en la paralización, aunque después el PSOE votó en contra del proyecto en las resoluciones del Congreso y el Parlamento. “La Junta ha sido demasiado pasiva”, subrayan desde Ecologistas en Acción.

También destacan las organizaciones conservacionistas que el impulso definitivo al proyecto, que comenzó a tramitarse en 2008 y obtuvo licencia para el almacenamiento en 2013, se dio con Felipe González sentado en el consejo de administración de Gas Natural y un mes después de que dimitiera del consejo de participación del parque natural. Podemos Andalucía es quien señala con más claridad esta conexión del expresidente del Gobierno.

Riesgo sísmico, como en Castor

La principal advertencia de los ecologistas contra el proyecto de almacenamiento de gas, que tanto el Parlamento andaluz como el Congreso han pedido que se paralice, alerta del riesgo sísmico. Recuerdan los antecedentes de Castor, que se acometió sin estudio previo de idoneidad por peligro sísmico y que acabó enterrado por 600 pequeños terremotos en la zona. Aseguran que el proyecto de Gas Natural no tiene los preceptivos estudios y que el riesgo de terremotos en una zona con “alta sismicidad” y “muchas fallas” es “difícil de descartar”.

El otro gran agujero negro lo sitúan en el acuífero de Doñana, el corazón del parque, imprescindible para su subsistencia. “Nadie puede descartar fugas y pérdidas que contaminen el acuífero y todas las conducciones lo atraviesan por abajo”, explica el portavoz de Ecologistas en Acción.

La gran pregunta que lanzan los conservacionistas es por qué este proyecto se sitúa en esta zona que es patrimonio de la Humanidad, insinuando además que ha existido todo tipo de facilidades por parte del Gobierno. El proyecto fue declarado de interés público, lo que retiró todas las competencias a la Junta, y aceleró los trámites. “Todo son movimientos especulativos y se trata el gas como un activo financiero más”, señala Iñaki Olano de Ecologistas.

Desde Gas Natural Fenosa no quieren entrar en ningún tipo de debate con las organizaciones ecologistas y no opinan sobre la convocatoria de esa manifestación en Huelva. Sí defiende la compañía que la explotación de yacimientos de hidrocarburos “se viene llevando a cabo en los mismos emplazamientos desde hace 30 años y no se ha descrito una sola afección derivada de esa actividad al entorno de Doñana”. Agregan que ha sido sometido “a una exhaustiva evaluación ambiental”, de más de 7 años de duración, y “cumple con toda la normativa”.

72 kilómetros de tubos

El proyecto prevé una red de gasoductos de 72 kilómetros. De esta cifra, 13 kilómetros corresponden a gasoductos que ya existen y que se mantendrán sin cambios. De los 59 restantes, 37 son renovación de la infraestructura actual y sólo 22 kilómetros son trazado nuevo. La empresa defiende que “el conjunto de esta infraestructura, contemplado dentro de la Planificación Energética nacional y calificado como urgente, supondrá una inversión superior a los 200 millones de euros, y contribuirá de forma clara a la dinamización económica del entorno y de la comunidad andaluza”.

Geostock realizó en 2015 un estudio específico sobre sismicidad natural del área, encargado por la compañía, donde se determina que la peligrosidad sísmica natural es menor que la ya contemplada en los mapas de peligrosidad sísmica de España. “La producción de gas en los yacimientos de Marismas comenzó en 1982, y desde 2005 se han realizado pruebas de inyección de gas. En todo este tiempo, no se han registrado terremotos en el área”, agregan. Descartan además el riesgo de que pueda explotar el almacenamiento. “El riesgo de fuga de gas en el almacenamiento es inexistente ya que hay 750 metros de roca impermeable por encima que ha probado su estanqueidad durante millones de años”, agregan los informes de la compañía. Los ecologistas niegan que existan certezas científicas ni total seguridad y discrepan frontalmente de estas afirmaciones.

Sobre los efectos para la economía de la zona, se calcula que el proyecto implicará unos beneficios para los municipios de la zona en torno a 2 ó 3 millones de euros. Gas Natural además abonará se abonará el impuesto municipal de actividades económicas que se estima en un total de 1 millón de euros al año aproximadamente. Cantidades ridículas, alertan los conservacionistas, si esta joya natural se pone en peligro.

(Fuentes: Diario de Huelva / Andalucía Información / El Confidencial)

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