15 de julio de 2016 – 15 de julio de 2017: ¿Cómo cambió Turquía a un año del intento de golpe de Estado?

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Este 15 de julio se cumple el primer aniversario del intento de golpe de Estado contra el actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los movimientos militares de aquella noche dejaron un saldo de 265 muertos y marcó un cambió en la historia política del país.

Luego del intento fallido para sacarlo del poder, Erdogan aprovechó la situación para aumentar su autoridad, la cual ya era fuerte, y convertirse en un líder que busca trascender la historia turca. Rápidamente, acusó de la intentona golpista al clérigo Fethullah Gülen -antiguo aliado y el cual lo ayudó considerablemente para llegar al poder-, de ser el instigador, por lo cual el Ejecutivo persigue a todos sus seguidores y exige a Estados Unidos la extradición del religioso, que vive desde hace años en Pensilvania).

Erdogan aprovechó la coyuntura para impulsar una reforma constitucional que transforma la forma de gobierno actual, que es parlamentaria, en una presidencialista, la cual le permitiría perpetuarse en el poder hasta 2029 y ostentar un dominio increíble sobre los poderes Legislativo y el Judicial, eliminando el sistema de pesos y contrapesos que rige en un Estado de derecho.

Desde aquel 15 de julio, el mandatario persigue a la oposición sin respiro. Basado en que Gülen estableció “un Estado paralelo” que intentó derrocarlo, aprobó el estado de emergencia, vigente hasta hoy en día. Las purgas que está realizando su gobierno del partido AKP ya ha dejado a más de 40 mil personas acusadas de conspirar en el golpe, despidió a más de 100 mil funcionarios públicos, prohibió las actividades de 1.500 grupos civiles, encarceló a 120 periodistas y cerró más de 150 medios de comunicación disidentes.

A esto hay que sumarle que le quitó la inmunidad a los parlamentarios opositores y que 12 legisladores del opositor prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), incluido sus dos co-presidentes, se encuentran encarcelados, además del congresista Enis Berberoglu del Partido Republicano del Pueblo (CHP), recientemente condenado a 25 años de prisión. La persecución no se limita a los opositores civiles sino que avanza, también, sobre los políticos.

Erdogan está construyendo un país donde hay dos clases de ciudadanos: los que lo apoyan y los que no lo hacen. A los primeros los califica como defensores de la patria, luchadores por los derechos de los ciudadanos de bien o “fieles”. Son, en definitiva, los que forman la “nación”. A los segundos los define como “terroristas”, “separatistas” o “infieles”. Este grupo está compuesto por todos aquellos que no lo apoyan: kurdos, kemalistas, secularistas y hasta los holandeses y el gobierno “nazi” de Alemania, como declaró no hace mucho tiempo.

La polarización es tan grande entre estos dos “grupos” que parece muy difícil vislumbrar una baja de tensiones. La diferencia que hay entre ambos sectores de la sociedad es muy profunda y peligrosa, porque es el propio Estado el que la provoca y la exacerba todos los días un poco más; ambos grupos enfrentados son totalmente contradictorios entre sí. ¿Cuánto tiempo podrá vivir Turquía con algunos ciudadanos “fieles” de un lado y los “terroristas del otro? ¿Es posible desarrollar una sociedad bajo estas condiciones? Y lo más importante: ¿le sirve a Erdogan esta actualidad en la sociedad nacional?

Erdogan está dispuesto a sostener estas condiciones hasta las últimas consecuencias, pero también sabe que no puede dejar de lado los costos políticos que le pueden traer. En el referéndum que aprobó su reforma constitucional, su victoria fue muy estrecha: 51,3 por ciento a favor contra un 48,7 por ciento que la rechazó. Asimismo, esta elección volvió a demostrar la polarización existente en todo el país, ya que el “No” ganó en toda la costa mediterránea y en el sureste del país, de mayoría kurda, y, además, triunfó en las tres ciudades más importantes del país, Estambul, Ankara y Esmirna.

Erdogan y su gobierno tendrá que tener en cuenta, a partir de ahora, las repercusiones que puede llegar a traer la reciente “marcha de la justicia” liderada por el líder del CHP, Kemal Kilicdaroglu, que recorrió a pie los 430 kilómetros que separan a Ankara de Estambul para exigir la liberación de Enis Berberoglu y que se levante el estado de emergencia. Esta movilización, que arrancó con muchas dudas y pocas certezas, terminó el pasado domingo con un increíble acto que juntó a más de medio millón de personas. Esta marcha finalizó siendo apoyada por sectores más allá del espectro del CHP, como algunos sectores kurdos y nacionalistas. Será muy difícil que los apoyos que recibió se vean traducidos en acuerdos electorales, pero fue una demostración clara de la oposición existente contra Erdogan y sus políticas.

Ante esa contundente demostración opositora, el gobierno anunció que recordará este 15 de julio, denominado como “Día de los Mártires y de la Democracia”, con una sesión especial del parlamento donde Erdogan se dirigirá a todo el país. A partir de la medianoche se espera que las mezquitas llamen a los ciudadanos a orar y a salir a la calle para festejar, rememorando el llamado que hicieron hace un año y que provocó la salida a la calle de los defensores de Erdogan a enfrentarse a los golpistas.

Este 15 de julio se vislumbrará a una Turquía fuertemente dividida entre los que saldrán a recordar la victoria sobre los golpistas y todos aquellos que pasarán la noche tras las rejas. Desde aquella oscura noche, Turquía cambió para siempre y Erdogan orquestó muchos cambios como mejor le pareció y le convino políticamente. La persecución a los opositores y la polarización de la sociedad, la delgada línea divisoria que separa al Estado del AKP y el islamismo creciente en las instituciones públicas son algunas de las características de esta nueva Turquía autoritaria.

(Fuente: Resumen de Medio Oriente / Autor: Lucio Garriga Olmo)

La economía turca acusa efectos de golpe fallido un año después

Turquía conmemora este fin de semana el primer aniversario del fallido golpe de Estado, llevado a cabo el 15 de julio de 2016, y que dejó importantes secuelas en la vida política, social y económica del país. Durante el último año Turquía se ha regido por la legislación especial del estado de emergencia, lo cual permitió al gobierno funcionar a golpe de decretos legislativos, evitando de ese modo cualquier tipo de control parlamentario, y en materia económica articular mecanismos que sirvieran para impulsar el crecimiento en un momento de crisis.

En la primera mitad de 2016, el país se vio sacudido por una serie de graves atentados terroristas cuyos efectos en el sector turístico comenzaron a ser preocupantes, especialmente en la ciudad de Estambul, a pesar de lo cual la tasa de crecimiento durante el primer semestre se mantuvo en torno al 5 por ciento.

La entrada de capital extranjero, un recurso vital para la economía nacional, se ralentizó pero gracias a las reservas oficiales y a la relativa estabilidad del mercado internacional de divisas la moneda turca se mantuvo en un rango de entre 2,8 y 2,9 liras por dólar estadounidense.

La frustrada intentona golpista tuvo consecuencias inmediatas para la economía turca, produciéndose importantes caídas en el sector productivo, la demanda interna y las inversiones, y cuyo resultado fue una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,3 por ciento durante el tercer trimestre del año.

Por primera vez en mucho tiempo los resultados económicos presentaban números rojos, especialmente en el sector turístico y en la industria automovilística, lo que sumado a la grave inestabilidad política en la que se hallaba el país movió a las principales agencias de calificación de crédito, Fitch, Moody y Standard and Poor, a rebajar la solvencia de Turquía encareciendo de ese modo su financiación.

Las inversiones extranjeras comenzaron a desaparecer, sobre todo a partir del mes de octubre, y las entidades financieras encontraban mayores dificultades para poder cubrir el déficit de liquidez de numerosas empresas, especialmente de aquellas que dependían de la importación para su actividad ante la creciente debilidad de la lira.

El retroceso económico coincidió con una revalorización de la divisa estadounidense, de modo que si en julio de 2016 un dólar se cambiaba por 2,96 liras, en enero de 2017 ya cotizaba a un promedio de 3,73.

En su batalla política y judicial contra los probables organizadores del golpe Ankara dirigió sus acciones contra cientos de compañías cuyos propietarios pertenecían o tenían relación con la cofradía religiosa del clérigo musulmán Fethullah Gülen, el supuesto organizador del levantamiento militar. Esta cofradía, a semejanza del ultracatólico Opus Dei, cuenta con una poderosa y extensa trama empresarial asentada en más de 100 países, con intereses en todos los sectores y con especial incidencia en el sector educativo mediante colegios y universidades.

Bajo las leyes de emergencia, aprobadas tras el 15 de julio, el gobierno tomó el control de 858 empresas radicadas en Turquía, con el objetivo declarado de suprimir a los golpistas y a sus partidarios también en el terreno económico. Según explicó en marzo el viceprimer ministro Nurettin Canikli el valor de estas compañías ascendía a unos 40 mil 500 millones de liras (unos 12 mil millones de dólares), daban trabajo a un total de 44 mil 868 personas y para su gestión se nombraron a 259 administradores del Estado.

En las semanas posteriores al golpe, Ankara creó un fondo de riqueza soberana con funciones paralelas a las del presupuesto del gobierno central y, en algunos casos, a las del Banco Central, decretando la transferencia de numerosos bienes estatales con el fin de engordar esta cuenta de inversión.

La oposición parlamentaria trató durante todos estos meses de fiscalizar la política económica del gobierno, sin resultados satisfactorios ya que las propias leyes de excepción fueron erosionando el papel del poder legislativo.

En enero de este año el diputado Faik Oztrak, antiguo subsecretario del Tesoro, criticó al primer ministro, Binali Yildirim, por utilizar los decretos legislativos para la gestión ordinaria de las cuentas públicas, violando el artículo 121 de la constitución que limita el alcance de estos decretos a los “asuntos necesarios por el estado de emergencia”. A pesar de lo cual el gobierno siguió usando esta facultad legislativa a fin de tratar de combatir la crisis, tanto para controlar el cambio de la moneda, como para fomentar los préstamos o incentivos fiscales a empresas en dificultades o con vistas a prohibir el derecho de huelga a los trabajadores.

Todas esas medidas han tenido resultados modestos en aspectos como la disminución del desempleo y la inflación o las fluctuaciones de la lira, si bien a nivel macroeconómico el ejecutivo pudo sacar pecho al registrar durante el primer trimestre de 2017 una mejora del PIB, anotando un aumento del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ankara espera cerrar el año con un crecimiento del 4,4 por ciento, una tasa de desempleo del 10,2 por ciento (11,7 en la actualidad) y con una inflación por debajo del 10 por ciento, tras revisar al alza en dos ocasiones este indicador. Sin embargo las perspectivas de Turquía continúan ensombrecidas por el paulatino aumento de la deuda pública, la incertidumbre política y la constante represión contra organizaciones sociales, todo ello cuestiones sin duda influyentes en el actual ciclo económico.

(Fuente: Prensa Latina)

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