Doñana: El Congreso pide paralización cautelar del proyecto de gas. La Junta amenaza con los tribunales. Seguirán aumentando los regadíos

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Gas y agua, dos elementos que tienen en jaque a Doñana y que han avivado esta semana el debate político. De un lado, la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital del Congreso ha instado este miércoles al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias.

La Proposición No de Ley (PNL), defendida por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la “máxima protección, preservación y conservación” del espacio natural de Doñana y su entorno y que establezca las vías “legales necesarias y posibles” para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos.

Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos “sinérgicos y acumulativos” del proyecto ya que en la actualidad, las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total.

Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos que, si se consideran en su totalidad, pueden provocar afecciones significativas en un mismo espacio protegido.

La PNL se ha aprobado tras incluir una enmienda del grupo socialista, defendida por la onubense Pepa González Bayo, en la que precisamente se pedía la evolución conjunta de los cuatro partes del proyecto. “No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa”, ha lamentado la socialista.

Mientras, el diputado del PP Jesús Postigo ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular a la Junta de Andalucía de “trocear el proyecto”.

En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN.

Del gas al agua

También en el tema del agua ha habido este miércoles reproches políticos. Tras lanzar la Junta la pelota al tejado del Gobierno en el tema de la delicada situación del acuífero de Doñana, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido que la Administración andaluza va “tarde” en la petición de un trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua a la zona de Doñana desde el Guadiana. En este sentido, ha reiterado el “compromiso” del Gobierno para ese trasvase, dentro del Pacto Nacional del Agua que ha ofrecido el Ministerio de Medio Ambiente.

Además, ha resaltado que el Gobierno “viene trabajando desde hace tiempo” en mejorar la situación de los humedales de Doñana, y en esta línea ha destacado el sellado de más de 300 pozos de aguas subterráneas en los últimos meses o la compra de la finca Cortijo Los Mimbrales, que ha significado que “se hayan ahorrado siete hectómetros cúbicos en beneficio del Espacio Natural de Doñana”. Asimismo, ha destacado la mejora del agua superficial de Doñana con el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos de la zona de El Fresno.

Por su parte, la Junta ha dado cuenta también este miércoles del desarrollo del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana, que ha calificado hasta el momento como suelo agrícola regable un total de 4.482 hectáreas.

Respecto a las diferentes actuaciones llevadas a cabo por las administraciones dentro de sus competencias, se han realizado hasta la fecha un total de 554 actas de inspección por las administraciones hidráulicas y forestal competente, con la apertura de 215 expedientes sancionadores en distintas fases de instrucción, además de 99 visitas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fincas con derechos otorgados para la comprobación o modificación, en su caso, de sus características.

La Junta amenaza con los tribunales si el Gobierno no para proyecto

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado este viernes que el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales si el Ejecutivo central no paraliza el proyecto de almacén de Gas Natural en Doñana en virtud de un informe del CSIF que alerta de “la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Fiscal ha explicado que se ha conocido recientemente un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF) “en el que dice taxativamente lo que la Junta ha venido defendiendo desde el principio, que los estudios de impacto ambiental de los cuatro proyectos deben hacerse de manera conjunta y teniendo en cuenta los riesgos sísmicos”.

Así, y acogiéndose a dicho informe que “alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona”, el titular del ramo ha señalado que la Junta va a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que haga una nueva evaluación ambiental, que la haga conjunta, y que pida al Ministerio de Industria, competente en este proyecto, “que los paralice oficialmente y si no lo hace, nos vamos a los tribunales”.

En este sentido, Fiscal ha recordado que la Junta ha garantizado en varias ocasiones que cuando encontrara una posibilidad para intentar que el proyecto de Gas Natural se paralizara de forma judicial lo haría, “y ahora se ha presentado esa oportunidad gracias a un estudio del CSIF”.

“Si el Gobierno central no paraliza el proyecto de Gas Natural vamos a ir a los tribunales para que lo hagan”, ha insistido antes de recalcar que el informe al que se acoge la Junta es de una institución oficial “que depende del Gobierno central”.

Asimismo, el consejero andaluz ha reclamado al PP que “si está tan preocupado por Doñana, que se una a la Junta y, teniendo en cuenta un informe tan importante como el del CSIF, le pida al Gobierno que paralice el proyecto de Gas Natural”.

Trasvase a Doñana

En otro orden de cosas, y al hilo del último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que admite el mal estado de las aguas subterráneas de Doñana, Fiscal ha señalado que el estudio lo que refleja es que “de las cinco zonas en las que se divide el acuífero, dos están mejor de lo que estaban y las otras tres tienen una situación más preocupante”. Así, para paliar la situación, ha avanzado que la Junta va a impulsar un plan de ordenación de regadíos, que “no es el único problema del acuífero aunque sí uno de ellos”.

Asimismo, ha advertido que es “imprescindible” que “de una vez por todas” el Gobierno central trasvase 15 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras a la zona. Esto, en palabras de Fiscal, “sería un alivio enorme para el acuífero y una garantía para las explotaciones agrícolas”.

A cuenta de los últimos incendios que han afectado a zonas forestales en Andalucía, José Fiscal ha destacado que su relación con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, “es buena” y “con una lealtad institucional muy destacable”.

Con todo, el titular de Medio Ambiente ha defendido que Doñana, si bien tiene retos y amenazas por delante, “no está en peligro”. Y en este sentido, ha incidido en que el informe de la Unesco sobre este asunto “viene a confirmar que hay retos pero que desde el Gobierno andaluz los abordamos con valentía y decisión, y que debemos seguir por ese camino”. “El informe descarta la posible inclusión, algo que nunca ha estado sobre la mesa, de Doñana en una lista de patrimonio mundial en peligro”, ha asegurado.

En otro orden de cosas, ha dicho esperar que la justicia actúe rápido y “sea clara” en el procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Palma del Condado (Huelva) por un caso de uso indebido de agua en el que también se procesa al exconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta Luis Planas.

Por su parte, EQUO también ha traslado la situación del agua en Doñana a Madrid, ya que su coportavoz federal y diputado en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha registrado este martes una batería de preguntas en la que cuestiona al Gobierno sobre la situación real del acuífero de Doñana.

El diputado cuestiona al Gobierno acerca de las medidas adicionales que se van a tomar desde el Ministerio de Medio Ambiente para paliar esta situación, preguntando por la posibilidad de acometer un nuevo programa de cierre de pozos ilegales y por la respuesta que el Ejecutivo pretende dar a quienes, como WWF o EQUO, ven urgente detener el continuo crecimiento de la agricultura de regadío en la zona.

La Junta “seguirá implantando” el Plan de Ordenación de Regadíos

Sobre el tema de los agricultores, Fiscal ha sido tajante al afirmar que la Junta “seguirá implantando” el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, y “todas aquellas explotaciones que no se ajusten a la legalidad, que nadie lo  dude, serán levantadas porque las leyes están ahí para cumplirlas y nosotros es lo que hacemos”.

Una afirmación que no convence del todo a Podemos, ya que la coordinadora general de  Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado  que el procesamiento de dos exalcaldes de Almonte y de el exconsejero Luis Planas, por uso indebido de agua en Doñana, pone sobre la mesa “una realidad que no es excepcional, lamentablemente: la práctica habitual de consentir la impunidad total de los pozos ilegales del acuífero de Doñana”, ante lo que ha urgido “hacer cumplir la ley”.

También el PP de Huelva se ha referido a este proceso judicial y ha exigido a la Junta que dé explicaciones sobre el uso del agua en Doñana y, en concreto, en la finca de Matalagrana, propiedad de la Junta, que ante estos procesamientos sólo ha dicho, en boca de su portavoz,  que parece que la Administración “actuó de buena fe” al ceder los terrenos al Ayuntamiento de Almonte, que a su vez los cedió a los agricultores para la introducción de cultivos de fresas compatibles con el medio ambiente.

El Plan de la Corona Norte ya tiene casi 4.500 hectáreas de suelo agrícola regable

En el marco del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha calificado hasta el momento como suelo agrícola regable a un total de 4.482 hectáreas, las cuales están pendientes de la obtención de los derechos de aguas públicas correspondientes. Cabe destacar que se continúa en la tramitación de los diversos expedientes de regularización para la concesión de dichos permisos a aquellas superficies definidas como suelos agrícolas regables, tal y como establece el citado plan especial.

Igualmente, ha detallado la Junta de Andalucía, a través del programa de inspección, vigilancia y seguimiento que se está desarrollando en la zona se ha procedido al cierre de 305 pozos, una actuación que continuará a medida de que se vayan resolviendo los diferentes procedimientos en curso.

En la reunión de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana se ha informado también de que todos los recursos presentados contra dicho plan han sido desestimados en cada una de las sentencias dictadas por las diferentes salas de los tribunales. Esto supone, destaca la Administración autonómica, un aval a la actuación de la Junta de Andalucía en su ejecución, así como la plena garantía jurídica al mismo.

Respecto a las diferentes actuaciones llevadas a cabo por las administraciones dentro de sus competencias, se han realizado hasta la fecha un total de 554 actas de inspección por las administraciones hidráulicas y forestal competente, con la apertura de 215 expedientes sancionadores en distintas fases de instrucción, además de 99 visitas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fincas con derechos otor-gados para la comprobación o modificación, en su caso, de sus características.

En la comisión se ha abordado también la decisión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, en la que se reconoce el esfuerzo realizado para conservar los valores universales de este espacio natural protegido; así como el estudio elaborado por la CHG sobre los acuíferos del entorno de Doñana.

La Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación del la Corona Norte Forestal, integrada por representantes de los ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y la propia administración autonómica, tiene como objetivo coordinar e impulsar entre las distintas administraciones la ejecución del plan, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos, para los que se establece un periodo de 15 años.

(Fuentes: Diario de Huelva / Huelva 24h / Andalucía Información)

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