Cádiz: Primer juicio contra los ex trabajadores de Delphi por el supuesto percibo irregular de ayudas

ex delphi

Continúa la represión y la persecución contra los ex trabajadores de Delphi. El primer juicio por la recepción supuestamente irregular de ayudas por parte de los ex trabajadores de la fábrica que Delphi tenía en Puerto Real (Cádiz) comenzará el próximo lunes 17 de julio y tratará de determinar si el dinero que cobró el colectivo mientras recibían cursos de formación fue legal o no.

Según detalló el colectivo de ex trabajadores en una rueda de prensa junto al diputado andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, el primer juicio aborda una demanda sobre el funcionamiento de la Fueca, una de las entidades que prestó aquellos cursos de formación, y puede terminar obligando a devolver a cada operario un montante de hasta 20.000 euros

El origen de la denuncia parte cuando la Inspección de Trabajo reclamó en 2013 la devolución de algunas de las cantidades que el colectivo de extrabajadores de Delphi había recibido en concepto de prestación por desempleo entre 2009 y 2012.  La inspección determinaba que aquella formación remunerada era ilegal, lo que llevó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a exigir la devolución de esas ayudas y la parte de lo cotizado a la Seguridad Social durante esos cuatro años.

De hecho los ex trabajadores ya fueron requeridos a devolver las ayudas como medida cautelar, antes de que llegaran los primeros juicios que, según se ha sabido ahora, comenzarán el 17 de julio.

“Hemos recibido la primera citación, pero vendrán más”, explicó ayer Francisco Senra, portavoz del colectivo de ex trabajadores de Delphi. “Es una injusticia porque nosotros somos los perjudicados, los traicionados, los engañados y los verdaderos culpables están sentados en su casa o en el Parlamento andaluz”, lamentó Senra, muy crítico con la Junta de Andalucía.

Francisco Senra, portavoz del colectivo de ex trabajadores de Delphi, señaló al respecto que  “cuando nos llamaron firmamos un contrato y en el mismo venía el membrete de la Junta de Andalucía. No somos abogados, ni somos gestores. A mí me ponen un contrato y lo firmo. Luego voy al centro de trabajo y el director de ese centro de trabajo me dice siéntate en esa mesa y mira para la pared… y como trabajador y que soy ajeno a si eso es legal o no, y con un contrato firmado en el cual viene un membrete de la Junta, pues hago lo que me dice el director… o sea, sentarme en una silla y mirar a la pared”.

“Cuando terminaron los cursos fue cuando comenzó la problemática… fue cuando nos dimos cuenta que otra vez nos han vuelto a engañar”, lamentó para sentenciar que “somos los traicionados, somos los engañados, mientras los verdaderos culpables están sentados en sus casas y sentados en el Parlamento de la Junta de Andalucía”.

El origen de la denuncia parte cuando la Inspección de Trabajo reclamó en 2013 la devolución de algunas de las cantidades que el colectivo de extrabajadores de Delphi había recibido en concepto de prestación por desempleo entre 2009 y 2012.

La inspección determinaba que aquella formación remunerada era ilegal, lo que llevó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a exigir la devolución de esas ayudas y la parte de lo cotizado a la Seguridad Social durante esos cuatro años.

Otro ex de Delphi, Francisco Carretero, insiste en que “mientras que judicialmente las ayudas a los cursos se han declarado legales y los que las recibieron iban a los juzgados en ‘ferraris’ pero a los trabajadores se nos pide que ahora devolvamos las ayudas recibidas para el sostenimiento de nuestras familias”.

Sobre la posibilidad de que tras la futura compra por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de los terrenos donde se ubicaba Delphi, el colectivo de extrabajadores entre a trabajar… Francisco Senra lo tiene claro: “Nosotros lo que queremos es trabajar y ojalá tuviésemos una oportunidad, pero desde nuestro punto de vista vemos otro ‘tocomocho’ de la Junta de Andalucía…. ¿de quién son los terrenos? De la Junta… ¿quién los compra? La Junta de Andalucía… el señor presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, es afín a Susana Díaz, y ya él ha publicado que al ser un terreno público y es para empleo público, por lo tanto que nos olvidemos de poder trabajar ahí”.

Añade que “pero si con nosotros firmaron un protocolo que era de estricto cumplimiento y en el que nos decían que nos iban a dar trabajo, por qué no podemos trabajar ahí…El régimen de Susana Díaz nos tiene en su punto de mira, y para ellos lo idóneo es que nos fuéramos muriendo y es algo que ya está ocurriendo, son muchos compañeros los que ya no están”.

(Fuentes: La Voz de Cádiz / Cádiz Directo / Andalucía Información)

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