La Junta reitera que los cooperativistas de Marinaleda tendrán que pagarle cerca de 10 millones por las 1.200 hectáreas

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Aunque el Gobierno presidido por Susana Díaz dio hasta el 31 de diciembre de 2016 para que las ocho cooperativas de Marinaleda (Sevilla) adquirieran las 1.200 hectáreas que explotan desde 1992, cinco meses después continúa el proceso administrativo de compra, donde el mayor escollo es determinar el valor de la transacción teniendo en cuenta las inversiones realizadas en la tierra por los cooperativistas y las deudas que mantienen con la Junta de Andalucía.

Por lo pronto, el Ejecutivo autonómico ha comunicado a las cooperativas que el precio que tendrán que pagar por la tierra será algo menos de 10 millones de euros si es que finalmente presentan documentación que pueda acreditar las inversiones realizadas en el suelo, según fuentes consultadas por ABC.

La Ley 1/2011 de reordenacion del sector público andaluz estipula que los adjudicatarios de explotaciones agrarias del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara) en régimen de concesión administrativa podían comprar las tierras pagando su precio, con reducciones que podían llegar al 65% del valor en función de lo que hubieran pagando en concepto de canon anual de arrendamiento, inversiones realizadas… El primer paso para acceder a la propiedad se fijó en 2011, después en 2014 y finalmente el 2015. Para evitar el enfrentamiento con los sindicalistas de Marinaleda, la Junta anunció una nueva fecha: el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, el líder jornalero y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo hizo caso omiso al ultimátum de la Junta.

A pesar de los reiterados incumplimientos de las cooperativas en la presentación de documentación, la Junta ha sido más que comprensiva con Sánchez Gordillo, con el que aún mantiene abierto el proceso administrativo para la compra del suelo, un proceso que culminaron en tiempo y forma cuatro cooperativas de Écija, que pagaro 4,4 millones de euros por algo más de 420 hectáreas, para lo cual recibieron de la Junta préstamo a 20 años al 3,5%.

El proceso de compra del suelo no ha finalizado aún porque la Junta continúa esperando que las cooperativas entreguen algunos documentos que acrediten las inversiones realizadas en esas tierras, para ser descontadas del precio final de las tierras. Sánchez Gordillo dijo en un primer momento que habían realizado inversiones por 12 millones de euros, cifra que elevó hasta los 16 millones con posterioridad.

Por su parte, la Junta cifró en 5,7 millones de euros la deuda de las cooperativas con la Administración autonómica porque no habían pagado el canon de arrendamiento de las tierras desde que las recibieron entre 1992 y 1995. Sánchez Gordillo niega la mayor al afirmar que la Junta no les giró nunca recibo de esos pagos, salvo los correspondientes a los años 2014 y 2015.

El Gobierno autonómico urge a las cooperativas a cerrar el proceso de compraventa de las tierras, recordándoles que si no lo hacen en un tiempo prudencial no podrán cobrar los 600.000 euros de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que acaban de solicitar para este año. Parte de ese dinero está previsto que se entregue el próximo mes de octubre y el resto a principios de 2018.

Sánchez Gordillo reclamaba el uso y no la propiedad de esas 1.200 hectáreas. Sin embargo, la Junta ha sido taxativa al indicar que no cabe un punto intermedio. Por tanto, o las cooperativas compran la tierra o serás desalojadas. El líder sindical resta importancia a esta amenaza al decir que «la Junta puede quedarse la tierra».

La Junta ya avanza que las cooperativas tendrán que pagar algo menos de 10 millones de euros por las tierras si es que se logra descontar el 65% del valor de las tierras con las inversiones realizadas. Según ha declarado a ABC Sánchez Gordillo, las cooperativas cuentan con 352 hectáreas de olivar y 848 hectáreas de tierra calma, es decir, aquella destinada a cultivos que no son permanentes. Según la misma fuente, la Junta habría valorado a 4.000 euros la hectárea de tierra calma y a 1.000 euros la hectárea de olivar.

El alcalde de ese puedo de la Sierra Sur insiste en que los 120 socios cooperativistas de Marinaleda -a los que se entregaron 10 hectáreas por familia hace 25 años- no quieren la propiedad, por lo que una vez que compren las tierras serán transferidas a una fundación. Según promovió en un Pleno municipal el alcalde, esa fundación estaría constituida a partes iguales por jornaleros, trabajadores en paro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC) y pensionistas. El alcalde critica el hecho de que en la operación de compraventa de las tierras, “la Junta conceda un préstamo a las cooperativas con un interés del 3,5%, cuando en el mercado los intereses están al 1%”.

(Fuente: ABC de Sevilla / Autor: M.J. Pereira)

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