Puerto Rico pide declararse en bancarrota. Preocupación por el aumento de la represión

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El gobierno de Puerto Rico solicitó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la protección de bancarrota contenida en el Título III de la ley Promesa, ante varias demandas judiciales entablada por los acreedores.

El gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares (del pro-anexionista PNP – foto adjunta) explicó que tras conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros a los acreedores, no ha habido progreso por lo que no ha quedado otra salida que solicitar la quiebra para reestructurar la deuda pública de 74 mil millones de dólares.

“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores”, dijo a los periodistas en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, acompañado de Elías Sánchez, su representante ante la JSF. Aseguró que el mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, siglas en inglés) alcanzado recientemente con los acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda asciende a 9 mil millones de dólares.

El presidente de la JSF, José B. Carrión III, explicó que el organismo determinó necesario que el gobierno puertorriqueño hiciera la petición voluntaria para proteger a los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración la medianoche del lunes de la moratoria contra litigios bajo el Título III de Promesa.

Aclaró que con esta petición no deben excluirse los esfuerzos para continuar las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda y establecer acuerdos consensuados con los acreedores. “Las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y se continuarán con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello, (por lo que) esto no representa el final de esas discusiones”, declaró Carrión.

Rosselló Nevares expresó que ante el déficit que heredó, es su responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Indicó que durante la transición en diciembre de 2016 trascendió que el déficit gubernamental, que se dijo era de 3 mil 200 millones, alcanza realmente los 7 mil 600 millones.

El gobernador manifestó que su administración se propone cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales, tal como está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo. Esto representa un recorte de 80 por ciento en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por anteriores administraciones de gobierno.

“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, sostuvo.

Derechos Civiles denuncia la criminalización de la protesta

En este contexto de crisis, el gobierno pro-estadounidense de la Isla está aumentando la represión. El director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez, expresó hoy preocupación por el intento de criminalizar la multitudinaria marcha del 1 de Mayo.

Ramírez consideró preocupante que se usen vídeos, fotografías y testigos oculares para identificar a manifestantes que presuntamente incurrieron en la comisión de delitos, en vez de apresarlos en el acto. “Vimos muchas violaciones con relación a la reforma de la policía en el sentido de que hay unos protocolos establecidos, como el uso de placa, la identificación con nombre y un gran número de policías no estaba identificado ni tenía placa”, dijo en conferencia de prensa.

La policía puertorriqueña arrestó a una veintena de jóvenes por presuntamente ser responsables de actos vandálicos en la Milla de Oro, en el sector capitalino de Hato Rey, cuatro de los cuales ya han sido imputados de varios delitos tras finalizar la marcha del Paro Nacional.

A la vez, las autoridades federales asumieron jurisdicción en el caso de la estudiante Nina Droz Franco, a la que atribuyen intentar incendiar el edificio del Banco Popular. La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez aseguró que están revisando vídeos, fotografías y mensajes en las redes sociales para encausar a los responsables de los destrozos en la zona bancaria, estimados en más de un millón de dólares.

La ACLU entabló un pleito contra la Policía de Puerto Rico por violación de derechos humanos y civiles y se encuentra bajo un programa de reforma impuesto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Estas actividades tienen que darse con respeto a la diversidad de opiniones y no criminalizar al contrario simplemente por enviar un mensaje contra el Estado”, expresó Ramírez.

Otras violaciones, dijo, fueron el uso de gas lacrimógeno y balas de goma y el despliegue de agentes encubiertos, que la jefa de la Policía niega que fueran tales. “Esta idea de que un policía en ropa civil no es un encubierto tiene validez si se identifica como policía”, advirtió Ramírez.

Afirmó así mismo que el despliegue policial durante la marcha del Paro Nacional, convocada por sindicatos y los estudiantes en huelga de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tenía la intención de intimidar o criminalizar la protesta.

(Fuente: Prensa Latina)

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