Greenpeace denuncia en el stand de Navantia en la feria de armamento la venta de corbetas a Arabia Saudí

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Activistas de Greenpeace han desplegado varias pancartas en el stand de la empresa pública Navantia durante la celebración del Salón de Tecnologías de Seguridad Nacional (Homsec), con los mensajes: “Armas marca España para matar civiles” y “Vender corbetas a Arabia Saudí es ilegal”, para mostrar su rechazo a la operación de venta de corbetas españolas a Arabia Saudí.

El Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional (Homsec), cuya sexta edición se está celebrando durante los días 14, 15 y 16 de éste mes en el recinto de IFEMA de Madrid, es la feria de armamento más grande celebrada en España. Su celebración ha acarreado una fuerte oposición de decenas de colectivos sociales y ONG que se han unido en la plataforma “Desarma Madrid”.

Greenpeace recuerda que esta operación incumple la legislación española e internacional ya que existen evidencias de que podrían ser utilizadas por el Gobierno saudí para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, como el bloqueo naval que impide el acceso de ayuda humanitaria y ha situado a Yemen al borde de la hambruna.

“Greenpeace quiere recordar que España no puede hacer negocios a cualquier precio. La Marca España se debería vincular al respeto del derecho internacional y no a la complicidad con los crímenes de guerra. La situación humanitaria en Yemen es dramática y España no debe contribuir a agravarla exportando barcos de guerra a Arabia Saudí”, ha declarado Sara del Río, portavoz de Greenpeace.

La empresa pública española Navantia, presente en el VI Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, está a la espera de firmar un contrato que incumple la ley. Se trata de la construcción y venta de cinco corbetas del tipo Avante 2200 a la armada de Arabia Saudí. Estos barcos de guerra van equipados con cañones de diverso calibre, misiles y torpedos y pueden transportar un helicóptero de combate. El Salón de Tecnologías de Seguridad Nacional (Homsec) tiene el apoyo institucional de diversos Ministerios que, a su vez, son responsables de la autorización de la exportación de estas corbetas a Arabia Saudí. Greenpeace quiere recordar a todos ellos que la autorización de esta operación sería ilegal.

De llevarse a cabo, España podría convertirse en cómplice de la realización de atrocidades en el conflicto de Yemen, debido al riesgo manifiesto de que las corbetas puedan utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval -que impide el acceso a la ayuda humanitaria- al que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, violaciones todas ellas graves del derecho internacional. Según la ONU, hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado casi 7.500 muertes, la mitad de ellas de civiles, y más de 40.000 heridos.

Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas. Según el artículo 8.1 de la ley española sobre comercio de armas, las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…) ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.

Por su parte, el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas -ratificado por España en 2013- prohíbe la venta de armas si, en el momento de autorizar la operación, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.

En caso de que se firme el acuerdo, Navantia debe solicitar una licencia de exportación a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), integrada por Presidencia, Interior, Exteriores, Economía y Competitividad, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas e Industria, Energía y Turismo, que deberá estudiar el caso y, eventualmente, conceder o denegar la licencia en una de sus reuniones mensuales, en virtud de lo establecido en la legislación española y el derecho internacional.

La responsabilidad de Navantia radica en que cualquier empresa que proporcione material o equipos a usuarios finales que se sepa que están implicados en violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, correría el riesgo de violar estas normas y puede dar lugar a una responsabilidad penal por parte del proveedor.

(Fuente: web de Greenpeace)

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