Anna Gabriel (CUP): “Nuestro movimiento de liberación nacional no descarta ninguna vía para defender sus objetivos”
La portavoz de la CUP en el Parlament, anticipa un escenario de confrontación con el Gobierno de Rajoy en el que se requerirá la movilización ciudadana. El choque está a la vuelta de la esquina. Ni el Gobierno central ni los partidos independentistas parecen dispuestos a ceder y la política catalana se adentra en una fase incierta. Nadie se atreve ya a negar que se vivirán escenarios de mucha tensión.
Anna Gabriel i Sabaté (Sallent de Llobregat, 1975), portavoz de la CUP en el Parlament, anticipa un escenario de confrontación con el Gobierno de Rajoy en el que se requerirá la movilización ciudadana para defender una hipotética victoria del sí en el referéndum previsto para septiembre. En esta entrevista, realizada el martes en el Parlament, Gabriel afirma que la consecución de la independencia no dependerá únicamente de los 72 diputados soberanistas. “Lo que nos va a hacer independientes no será ninguna ley”.
El proceso soberanista entrará durante los próximos meses en una fase determinante. ¿Qué espera del final de esta legislatura?
Que se preparen todos los dispositivos necesarios para celebrar el referéndum al que nos hemos comprometido. Y que se pueda gestar el pacto político y social para comprometernos a la apertura de un proceso constituyente en el caso de que gane el sí.
¿No es un poco naïf pensar que el Gobierno central se va a quedar de brazos cruzados mientras se celebra un referéndum de autodeterminación?
Es que nosotros tenemos claro que el Estado español va a intervenir. De hecho ya lo está haciendo. Si alguien ha tenido un discurso naïf en todo este tiempo no ha sido la izquierda independentista, que es muy consciente de que la falta de tradición democrática del Estado español nos sitúa en una lógica de confrontación. Nosotros somos los del desobedecer. Sabemos que este proceso no va a ir de la ley a la ley y que no va a ir de pactos.
¿Ve a los 62 diputados de Junts pel Sí (JxS) dispuestos a desobedecer al Estado?
Eso lo tienen que responder ellos. Lo que nosotros no vamos a hacer es engañar a nadie. Siempre hemos dicho que la independencia de Cataluña requiere de una revolución política de primer nivel. No conocemos ningún proceso revolucionario que se haya hecho encorsetándose al marco legal vigente.
¿Hasta dónde está la CUP dispuesta a llegar?
La militancia de la CUP y de la izquierda independentista ya ha demostrado muchas veces hasta dónde está dispuesta a llegar. Tenemos multitud de personas procesadas en nuestras filas. Tenemos a una alcaldesa de Berga que se ha negado a descolgar la bandera estelada porque entendía que era un mandato popular. Tenemos a un concejal de Vic al que se le tuvo que detener para que compareciera ante la Audiencia Nacional porque no reconocía su autoridad en virtud justamente de este conflicto democrático. Tenemos a personas que han sido detenidas por quemar fotos del Rey. Esto es la izquierda independentista y los diputados de la CUP somos una expresión de este movimiento. Como mínimo llegaremos a lo que han llegado nuestros compañeros.
Es decir hasta que les detengan…
No es que sea un deseo. Si la pregunta concreta es si como diputados estamos dispuestos a votar todo lo que sea necesario para hacer efectivo el referéndum aunque haya una prohibición expresa del Tribunal Constitucional (TC) la respuesta es sí, claro.
Todo indica que cada vez está más cerca el uso de la fuerza por parte del Gobierno central para hacer cumplir la legalidad. ¿Cómo reaccionará la CUP ante este escenario?
Veremos hasta dónde llega el Estado. De momento lo que tenemos son detenciones, juicios y advertencias en procesos penales. Por lo tanto la violencia de momento es sólo judicial, que no es menor. Veremos hasta dónde es capaz de llegar el Estado y también hasta dónde es capaz de aguantar este pueblo. Esto tampoco va a depender solo de las diputadas de la CUP. Lo que tenemos claro es que nuestro movimiento de liberación nacional no descarta ninguna vía para defender sus objetivos.
¿Esto incluye la violencia?
Nosotros hacemos una lectura compleja de las violencias. Es violencia un desahucio, no llegar a final de mes, la violencia machista cotidiana y la violencia estructural del sistema capitalista. Esto también debe ser denunciado. A partir de esta lectura compleja, nosotros estamos dispuestas a mantener el pulso con el Estado en función también de lo que nos pida nuestro pueblo y nuestra gente.
Hasta el momento el proceso que se ha iniciado en Cataluña lo único que pide es poder votar. En ningún caso está avalando el uso de la fuerza para hacer efectivo ese derecho. Si en el plano del ejercicio de pedir que nos dejen votar el Estado responde de manera violenta, veremos si eso conlleva que se desactive esa voluntad de autodeterminarse o todavía coge más fuerza. Creo que eso es un escenario que a medida que vayan avanzando las cosas veremos qué reacciones genera.
En este escenario será determinante la actuación de los Mossos d’Esquadra. Ustedes piden que se releve a su actual director
Queremos tener la tranquilidad de que tenemos una dirección política en los Mossos que va a dar las órdenes pertinentes para que el cuerpo no se convierta en correa de transmisión de esa falta de democracia del Estado español. No necesitamos que sea alguien independentista, eso nos da absolutamente igual. Simplemente pedimos una dirección que entienda el momento en el que se mueve este país y que no añada represión sino que contribuya a mitigarla. Lo que queremos es que se releve a un Director General [Albert Batlle] que va diciendo que no tiene ninguna duda de que si hay que detener a la presidenta del Parlament lo va a hacer. Hay muchos cuerpos policiales que detendrán encantados de la vida a los responsables políticos catalanes, no hace falta que sean los Mossos.
Este martes se ha aprobado una reforma del reglamento del Parlament que busca evitar la impugnación del TC a la ley de transitoriedad jurídica [la norma de la desconexión]. La reforma permitirá aprobar esa ley en lectura única, sin debate en comisiones y sin posibilidad de presentar enmiendas. La oposición considera que se está negando la posibilidad de debatir en el Parlament.
Se ha hecho la lectura de que esta reforma que propone JxS se ha realizado ad hoc para aprobar la ley de transitoriedad jurídica. No es una propuesta de reforma que venga avalada por la CUP ya que creemos que tampoco evitará la intervención del TC. La oposición se ha quejado de que esa vía niega el debate, pero eso sucede con cualquier tramitación por lectura única y en esos casos no se hace toda esa retahíla argumental.
Pero hasta la fecha este procedimiento de lectura única se reservaba para los casos en que todos los grupos estuvieran de acuerdo.
No. Los proyectos de ley que entra el Govern pueden ser tramitados también por esa vía.
Pero esta ley tampoco la presentará el Govern precisamente para evitar la actuación contra sus miembros. La presenta un grupo parlamentario.
Si tú me dices que eres contrario a los procedimientos por lectura única porque niegan el debate en comisión, entonces desactivemos la lectura única para todos los casos. Nos parecería razonable. Ya te digo que nosotros no hemos apoyado estas enmiendas. Nos parece razonable que exista el debate parlamentario en todas las proposiciones que nazcan de los grupos políticos.
Lo que le decimos al resto de grupos políticos como C’s, PSC, PP, CSP es que hasta la fecha no han querido que debatamos sobre conclusiones del proceso constituyente, no han querido que debatamos sobre el referéndum… ¿Qué pasa, que el debate sólo lo vamos a tener sobre aquello que ellos quieran? Lecciones de democracia, de parte de partidos como C’s, PP y PSC, las justas. Me parece muy tramposo e hipócrita que se defienda la libertad del debate parlamentario por parte de unas fuerzas políticas que lo están negando.
Durante la campaña se habló mucho de un proceso constituyente abierto, transparente y democrático, pero la sensación que ha calado es que todo se está haciendo con cierta opacidad.
Creo que el debate sobre el proceso constituyente no existe. Esta es la lástima y es lo que denunciamos. No es que se esté gestando en unos despachos cerrados, es que falta que haya un mayor compromiso político y social para abrir ese proceso constituyente. A lo mejor hay fuerzas políticas que no están interesadas en ello y por tanto no contribuyen a que se genere el debate. Existió una comisión en su día, que transmitió sus conclusiones pero a partir de ahí no ha habido más.
Yo creo que, más allá de esto que comento, hay menos opacidad que la que parece. Creo que hay mucha gente que quiere, imagina y anhela que se estén haciendo muchos preparativos. Puedo entender que los grupos políticos no hemos sido lo claros que deberíamos haber sido. Por ejemplo con la ley de transitoriedad jurídica, la gente se piensa que la tenemos elaborada y guardada en un cajón. No es cierto, no la tenemos terminada y se está elaborando todavía.
A los grupos de la oposición y a cierta parte de la población le sorprendió que esta norma llegase antes a los medios que al resto.
Esa ley no se ha hecho pública aún. Se hizo público el índice en el que se estaba trabajando. No sé hasta qué punto la transparencia en el proceso tiene que ver estrictamente con el contenido que se está trabajando en esa norma. Creo que estamos poniendo el foco de manera sobredimensionada en algunas leyes concretas cuando lo que nos va a hacer independientes no es ninguna ley sino la determinación de una mayoría. A lo mejor hemos contribuido a que se genere la sensación de que la independencia se va a conseguir en sede parlamentaria. La independencia se va a conseguir si hay una mayoría que la defiende y hace legítima su voluntad.
¿Se refiere a la calle?
Claro. Me refiero a respaldar a la gente que está siendo judicializada, a salir a la calle las veces que haga falta, a defender el referéndum y a denunciar esta doble moral de los partidos que piden transparencia y son los primeros que niegan el debate democrático más básico. Todo esto trasciende de los grupos parlamentarios. Nosotros intentamos ser el máximo de transparentes, pero también hay que recordar que nosotros no somos el Gobierno. Insisto en que además tampoco me quiero centrar sólo en esa ley.
Entenderá que la ley de transitoriedad jurídica es importante. La norma afirma que Cataluña es una república de derecho, social y democrática.
Esta ley lo que pretende es hacer de puente entre un sí ganador al referéndum y la conformación efectiva de un Estado independiente, que evidentemente no se va a conseguir al cabo de 48 horas, esto lo tenemos claro. Va a ser un proceso más largo y complicado. Pero necesitas dotarte de un ordenamiento que cubra este tránsito que tiene que contener, además, altísimas cuotas de diálogo con el Estado español y tiene que contener una determinación sostenida de la gente y un compromiso de las fuerzas políticas y sociales para hacer efectivo ese resultado.
Se ha puesto el foco demasiado en las tramitaciones parlamentarias, que justamente pueden dar pie a desactivar a la gente, a pensar que la independencia se hace con 72 diputados y a pensar que se está actuando con falta de transparencia. Frente a esto decimos que la movilización tiene que ser sostenida. Los diputados tenemos una responsabilidad y la estamos ejerciendo pero sobre todo quien la tiene es el Govern que es quien se ha comprometido a celebrar este referéndum. Nosotros no estamos en la Generalitat ni vamos a organizar este referéndum, somos un grupo con 10 diputados que hace lo que puede con sus fuerzas.
Se habla del referéndum en septiembre o incluso antes. ¿Es normal que a falta de seis meses ni siquiera esté convocado y no se haya empezado una campaña para defender el ‘sí’ o el ‘no’ y para explicar sus consecuencias?
No sé que es normal. Estamos trabajando con unos parámetros de poca normalidad. No estamos preparando un referéndum como lo estaba preparando Escocia. Estamos reivindicando el derecho a la autodeterminación frente a un Estado que lo niega y con unas fuerzas políticas que recurren constantemente a los tribunales para judicializar un proceso político. Si me preguntas si sería deseable que ya supiéramos la fecha de la convocatoria del referéndum o incluso la pregunta, para nosotros sí.
¿Por qué todavía no se ha hecho pública la pregunta o la fecha de la celebración? Pues porque se está intentando conseguir por última vez un referéndum pactado con el Estado. Ese ha sido el acuerdo mayoritario entre fuerzas políticas y sociales. Nuestra postura es conocida. Hemos insistido en que hay que poner una fecha límite para recoger adhesiones, presentarlas al Estado para que cuando llegue el no -que va a llegar- podamos presentar nuestro referéndum.
¿Qué límite temporal se ponen?
El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir empezó en enero. Entendemos que se necesitan unos dos o tres meses para sumar adhesiones así que creemos que la petición formal al Estado debería hacerse en abril como tarde.
¿Cuánto cree que debe pasar desde que se convoque hasta que se celebre ese referéndum?
No lo sé. Nos atenemos a lo que dice el Derecho Internacional o lo que se conoce como el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, que dice que se debe asimilar al máximo ese referéndum con una convocatoria electoral, con lo que debería recoger las costumbres de las elecciones. Nosotros tenemos 15 días de campaña electoral, por lo tanto un margen de campaña por el sí o por el no de 10 -15 días lo veríamos razonable.
¿Tienen pensada alguna manera para atraer a los votantes del ‘no’ a participar en el referéndum? Muchos no querrán votar para no avalarlo.
La mejor manera para atraer a la gente a votar, sea por el ‘sí’ o el ‘no’, es dar una sensación inequívoca de que los resultados van a ser vinculantes. Si la gente ve que hay dudas alrededor de la celebración del referéndum no se va a sentir llamada a votar. A lo mejor ni siquiera la gente del ‘sí’. Por tanto lo mejor es que se reitere la voluntad de celebrarlo y se insista en que los resultados van a ser vinculantes para que los del ‘no’ vayan a las urnas.
Uno de los objetivos de la legislatura era atraer el espacio político de los Comuns a esta vía. ¿Qué ha fallado?
Yo distinguiría entre un espacio político y una marca parlamentaria concreta. Creo que son cuerpos distintos. Una cosa es la relación que tenemos con CSP, que es un espacio político que a nuestro entender tiene una posición absolutamente incomprensible. Empieza a ser una caricatura de ella misma. Una formación política que pretende defender el derecho a decidir, que defendió en su programa un proceso constituyente no subordinado al Estado español y que tiene un discurso de recuperación de soberanías en todos los ámbitos, resulta bastante esperpéntico que en el único ámbito en el que tiene dificultades para reclamar la soberanía sea el campo de la soberanía nacional.
¿A qué lo atribuye?
Tienen un problema de portavoces. Sé que queda mal criticar al portavoz de otro grupo político, pero tengo la sensación de que no están expresando la pluralidad que hay en sus bases, donde hay gente favorable a la independencia. Justamente porque es un espacio político muy cercano al nuestro -mucho más que PP, C’s o PSOE- y que conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que una parte importante de sus bases son favorables al derecho a decidir y que no quieren ponerse en la trinchera del Estado, el TC y el PP, que es lo que están haciendo a diario los portavoces de CSP. ¿Desde cuando las izquierdas hacen un discurso de que el límite es la legalidad? Yo creo que es la primera izquierda en el mundo que se limita a cumplir la ley para conseguir mejoras para la clase trabajadora.
Cuando se invistió a Carles Puigdemont afirmasteis que habíais mandado a Artur Mas a “la papelera de la historia”. ¿Cómo ven sus últimos movimientos? Tiene una agenda llena de actos y no descarta presentarse a la reelección.
Estamos un punto molestos. El señor Mas es muy libre de hacer la actividad política que considere, pero lo está haciendo con una cobertura del departamento de comunicación del Govern y sus manifestaciones acaban siendo acogidas por el discurso oficial.
Parece que su única voluntad sea lanzar mensajes a la línea de flotación de la CUP, diciendo que si gobernásemos nosotros la República Catalana sería como Cuba. No entendemos que sea necesario ir por el mundo haciendo estas afirmaciones o dando por sentado que la República Catalana pertenecería a la OTAN, cuando nosotros creemos que esto debe decidirlo la gente de este país. De hecho cuando hubo un referéndum en su día, los catalanes se posicionaron por el ‘no’ a la OTAN. No sé si está haciendo mucho favor a un Govern que ha dicho que se compromete con el referéndum y en cambio él no para de insistir en que si llega una propuesta del Estado deberá ser analizada y la población deberá posicionarse sobre ella.
¿Se arrepiente de haber afirmado que JxS busca eliminar a la CUP?
Es cierto que JxS es un artefacto diverso y que muchas voces de la coalición, con razón, reclaman que modifiquemos estas afirmaciones porque ellos no son partícipes de que desaparezcamos del mapa. Quizás es verdad. No es justo atribuir las mismas ganas de erradicar la disidencia política que representa la CUP a todo JxS. Pero que hay determinadas personas y determinadas fuerzas en JxS que manifiestan abiertamente su animadversión a la CUP es obvio.
¿Cómo valora este año y medio como diputada?
El balance es de profunda decepción. Hemos hablado mucho del referéndum, hemos hablado un poco del Proceso Constituyente y no hemos hablado nada de las condiciones materiales de la gente de este país, del paro, de la explotación laboral… Una de nuestras apuestas era atraer a más gente a la República Catalana porque la vemos como una manera de acabar con las desigualdades. Durante este año y medio, sin embargo, no solo no lo hemos demostrado sino que hemos lanzado mensajes que van directamente en contra de esa idea.
Afirmando esto, ¿Cree que fue acertado que la CUP diera el salto a la política nacional y dejase de ser una fuerza estrictamente municipal?
Lo valoraremos con el tiempo. No por estar sólo en el ámbito municipal estás en mejores condiciones para combatir la desigualdad de un país. Creo que el ámbito municipalista sigue siendo el más importante de nuestro proyecto y que el hecho de la representación parlamentaria nos ha dado mucha visibilidad. Nos ha permitido tener voz en ágoras que antes no teníamos pero es cierto que tal vez hayamos podido perder una parte de esa pulsión de calle que era muy nuestra. Con el tiempo valoraremos si ha tenido sentido o no.
¿Qué será de Anna Gabriel cuando se vaya del Parlament?
Como es nuestro compromiso, cuando acabe esta legislatura dejaré de ser parlamentaria y no sé qué voy a hacer. Yo no tengo ninguna puerta giratoria que me esté esperando. Creo que a mi me espera el paro. ¡Quién va a querer contratar a Anna Gabriel! Se pensarán que quiero cortarle la cabeza al jefe (risas).
(Fuente: Huffington Post / Autor: Pol Pareja)
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