Irlanda: El Diputado Paul Murphy y otros 17 luchadores sociales amenazados con largas penas de cárcel

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“Parecemos una república bananera, y la naturaleza podrida del estado irlandés ha sido expuesta”. Estas fueron las palabras de la diputada y miembro del Partido Socialista Ruth Coppinger en el Parlamento irlandés el 15 de febrero cuando se levantó para interrogar al Taoiseach (Primer Ministro) Enda Kenny.

Kenny tenía todas las razones para la incomodidad ya que su gobierno de Fine Gael apenas sobrevivió a un voto de no confianza más tarde esa noche. Con toda probabilidad se verá obligado a dimitir. El gobierno – una coalición minoritaria de Fine Gael y una mezcolanza de independientes, apoyados desde el exterior por el mayor partido de oposición Fianna Fáil – está al borde del colapso.

Esta crisis del gobierno fue detonada por revelaciones que implican que la policía irlandesa había estado en connivencia con instituciones estatales y elementos de los medios de comunicación para difamar a un informador de la policía, Maurice McCabe, con falsas acusaciones de abuso sexual infantil. El escándalo ha convulsionado a una nación familiarizada con los crímenes en las altas esferas.

Estado Podrido

En esta mezcla combustible vienen los juicios políticos más significativos que el país ha visto en una generación. Estos juicios, al igual que el actual escándalo que sacude el país, exponen la naturaleza podrida del estado irlandés.

18 adultos que participaron en una sentada de protesta durante dos horas frente al coche del Vice-Primer Ministro y del trabajo Joan Burton en Jobstown (un área del sur oeste de Dublín) en noviembre de 2014 han sido acusados.

Siete acusados serán juzgados el 24 de abril bajo el cargo de “encarcelamiento falso”. Si son declarados culpables, este cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Más tarde, otros once manifestantes se enfrentarán a cargos por encarcelamiento falso o cargos relacionados.

Tres representantes elegidos serán llevados ante el tribunal en el primer juicio. Paul Murphy (foto adjunta) es un diputado de South West Dublin. Mick Murphy y Kieran Mahon son concejales. Los tres son miembros de la Alianza Anti-Austeridad (AAA) y del Partido Socialista, el partido hermano del Partido Socialista en Inglaterra y Gales.

Parece extraordinario que una serie de actos de protesta política pudieran desembarcar con los participantes en la corte bajo la amenaza de cadena perpetua. Sin embargo, la protesta en Jobstown fue un episodio en un movimiento más amplio que infligió una derrota masiva a la élite política y la agenda de austeridad en Irlanda. Este fue el movimiento contra un impuesto sobre el agua, comúnmente conocido como los “cargos de agua”.

Al escribir sobre la historia del impuesto electoral en Gran Bretaña, The Socialist señaló que Thatcher se superó a sí misma atacando a toda la clase obrera. Sus victorias anteriores habían engendrado un exceso de confianza arrogante a la hora de evaluar la verdadera magnitud de la oposición contra ella.

Un error similar fue cometido por la coalición Fine Gael / Labor cuando introdujo cargos de agua en 2014. Los intentos anteriores de introducir cargos de agua en los años noventa habían sido derrotados en una campaña en la que los miembros del Partido Socialista desempeñaron un papel de liderazgo.

Desde el exterior hubo una amplia oposición a los cargos. Sin embargo, fue la táctica de no pago masivo la clave en convertir los cargos de agua en una crisis permanente para el gobierno desde que el movimiento estalló en el otoño de 2014 hasta las elecciones generales de febrero de 2016.

No pago

Comentando sobre la táctica de no pago, Michael O’Brien, un activista contra los cargos de agua y miembro del Partido Socialista, dijo:

“La postura del Partido Socialista y de la Alianza Anti Austeridad (AAA) desde el principio, y también instintivamente entendida por muchas personas de la clase obrera, fue que el boicot de los cargos era el fundamento absoluto para derrotarlos.

“Incluso si conseguimos sobre todas las tácticas importantes como las marchas nacionales y las protestas callejeras, que sólo involucraban a una minoría de personas (la capa más activa), necesitábamos engranar todo para convencer a cientos de miles adicionales de no pagar los cargos. “

La importancia de la campaña de no pago fue subrayada cuando Paul Murphy ganó una victoria electoral por primera vez en el asiento parlamentario de Dublín Suroeste en octubre de 2014. Se creía que el partido nacionalista irlandés Sinn Fein tenía asegurada la victoria hasta que los activistas de AAA transformaron la elección parcial en un referéndum sobre el no pago.

El tibio apoyo de Sinn Fein al no-pago llevó a los votantes a apoyar a Paul, el candidato que puso el impago en el centro de su campaña. La victoria tuvo un profundo impacto en los cálculos de los principales partidos burgueses del sur de Irlanda, como admiten incluso los comentaristas de los principales medios de comunicación.

Gerard Howlin comentó en el Irish Examiner: “El pivote político sobre el que gira el resultado final de las conversaciones para facilitar la formación del gobierno entre Fine Gael y Fianna Fáil (después del resultado inconcluso de las elecciones generales de 2016) es el resultado de la elección parcial en Dublin South West. Luego que un partido muy pequeño, con un solo diputado, Joe Higgins, movió todo el diálogo político sobre el agua bruscamente a la izquierda “.

Los cargos de agua dominaron el debate durante las elecciones generales de 2016. Los cargos de agua se han convertido en tal kryptonita política que han sido archivados por el momento. Aunque no puede haber complacencia que la batalla ha terminado, esto sigue siendo una victoria significativa para los trabajadores y la táctica de la organización de masas para derrotar las políticas antipopulares.

Desde el principio, el movimiento contra los cargos de agua se vio enfrentado a una intensa hostilidad por parte del establishment político y mediático. El propietario del mayor grupo de medios de comunicación de Irlanda, Denis O’Brien, es también el propietario de la empresa GMC / Sierra contratada por el gobierno para instalar medidores de agua. No era de sorprender que los periódicos y estaciones de radio propiedad de O’Brien atacaran ferozmente a los manifestantes y a la AAA en particular.

Las comunidades organizadas para evitar la instalación de medidores de agua, a menudo frente a un tratamiento brutal por parte de la policía y de las empresas privadas de seguridad contratadas por GMC / Sierra, se asemejaron a una ruptura total de la ley y el orden. ¡Un diputado de Fine Gael comparó a los manifestantes en Jobstown a Isis!

Una respuesta más siniestra del estado al movimiento contra los cargos del agua fue conocida con las revelaciones alrededor de la Operación Mizen. Resulta que la policía se ocupó de la vigilancia de los activistas contra los cargos del agua. En esencia, la gente de la clase obrera que participa en la desobediencia civil masiva ahora se considera como criminales.

Los manifestantes de Jobstown no son las únicas personas que sienten el brazo largo del estado por oponerse a los cargos del agua. Entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 se han producido 188 detenciones en relación con protestas por el agua.

El procesamiento de los manifestantes de Jobstown tiene poco que ver con “ley y orden”. De hecho, es el derecho de protestar y participar en la desobediencia civil que está bajo ataque. Un manifestante de Jobstown ya ha sido condenado.

El joven, de 17 en el momento de su juicio el año pasado, fue juzgado en un tribunal de menores. El caso fue decidido por un juez, no por un jurado. Los principales testigos de la acusación fueron Joan Burton y un inspector de policía.

Su evidencia equivalía a decir que a los manifestantes se les pidió que terminaran una protesta de sentarse, pero se negaron a hacerlo. ¡Una exigencia inusual de cosas para los manifestantes que esperan hacer su punto permaneciendo en un lugar!

Criminalizar la protesta

La lógica de esta decisión es virtualmente que cualquier forma de protesta que detiene a una persona por cualquier período de tiempo podría ser interpretada como ‘encarcelamiento falso’. Las demostraciones improvisadas que retrasan el tráfico o las líneas de piquete que impidan el acceso de entregas podrían ahora ser procesadas penalmente.

Un segundo capítulo del juicio de Jobstown es un intento de deslegitimar a la izquierda. Si alguno de los representantes públicos fueran condenados, serían destituidos de su cargo y prohibidos de participar en las elecciones durante diez años.

La vanguardia del movimiento contra los cargos del agua fue ampliamente percibida como la izquierda socialista. En las elecciones generales, la AAA junto a People Before Profit (el Pueblo Antes que las Ganancias), ganó seis diputados.

En un país históricamente dominado por dos partidos de derecha (Fianna Fáil y Fine Gael), muchos en el establishment están nerviosos de que podría repetirse lo que sucedió en el sur de Europa, donde partidos anteriormente “marginales” fueron catapultados a la prominencia nacional bajo el impacto de interminables años de austeridad.

Los juicios de Jobstown son parte de una narrativa en curso que trata de enmarcar a la izquierda socialista como una “franja siniestra” que es “ajena” a la tradición política de Irlanda.

Los juicos por Jobstown ha sido confrontados con una vigorosa campaña organizada por la AAA y la comunidad local bajo el lema #JobstownNotGuilty. La campaña ha obtenido el apoyo internacional de figuras como Noam Chomsky, el candidato presidencial francés Jean-Luc Melenchon y numerosos diputados y eurodiputados de toda Europa.

En Gran Bretaña, el actor Ricky Tomlinson y el presidente del sindicato de transporte de RMT, Sean Hoyle, han dado su apoyo a la campaña.

The Socialist pide a todos sus lectores que hagan todo lo posible para aumentar el apoyo a #JobstownNotGuilty en sus sindicatos, comunidad y con representantes del público.

Añada su nombre a una carta de condena contra este ataque al derecho de protestar – enviando un correo electrónico a su nombre y dirección a nlcafferky@yahoo.com

Levante esta cuestión en su organización sindical. Vea a continuación un modelo de moción.

Ponga like en la página de Facebook de Jobstown Not Guilty

Y envie mensajes de protesta contra la decisión judicial y exiga que todos los cargos sean cerrados a: info@justice.ie

O cartas a: Departamento de Justicia e Igualdad, 51 St Stephen’s Green, Dublín 2, D02

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

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