Yemen: una guerra deliberadamente olvidada

La población civil de Yemen lleva 19 meses aguantando una brutal agresión por parte de Arabia Saudí y sus aliados. A pesar de alcanzar casi los diez mil muertos, cerca de cuarenta mil heridos y casi tres millones de desplazados, es un conflicto que está pasando desapercibido, básicamente porque los grandes medios parecen haber hecho un pacto de silencio alrededor de todo lo que envuelve a esta guerra que va en camino de convertirse en un nuevo genocidio.

El conflicto interno, derivado por las reclamaciones de algunas minorías étnicas y religiosas que consideraban que estaban siendo maltratadas por un gobierno dedicado más a servir a intereses extranjeros que a atender a las necesidades de su población, se recrudece tras la toma de Sanaa -capital yemení- por parte de los combatientes hutíes, lo que obliga al presidente Hadi a negociar el fin de la violencia.

Las diferencias políticas y el intento de dividir el país en diferentes zonas -y con un gobierno cada vez más debilitado- provoca que un grupo de hutíes tomen el complejo presidencial y detengan a Hadi, que finalmente escapa, refugiándose en el sur de Yemen, desde dónde proclama un gobierno en el exilio y solicita ayuda a Arabia Saudí. Hay que recordar que Hadi gana unas elecciones en las que es el único candidato y que la situación económica del país -de extrema pobreza- lo tenían convertido desde hacía años en un pequeño polvorín.

No se puede entender lo que está ocurriendo en Yemen sin conocer la relación que mantiene con Arabia Saudí, EEUU, Reino Unido, Francia y España, sus mayores proveedores de armamento, aunque -en nuestro caso- la venta se haga a través de terceros países.

El régimen saudí es el mejor cliente de la industria militar española fuera de Europa. En 2015 compró material bélico al gobierno español por valor de 540 millones de euros (el 15% del total) y esta relación se remonta ya a varias décadas.

El informe de Comercio sobre exportación de material de Defensa español en 2015 asegura que “todas las licencias de munición -para Arabia Saudí- fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país”. El cómo este armamento ha acabado en manos del gobierno yemení o de los terroristas sirios es todo un misterio.

Lo cierto es que en la última década las exportaciones de armamento han aumentado casi un 400% y están dirigidas, principalmente, a países del golfo pérsico con los que la Casa Real española mantiene unas excelentes y cordiales relaciones.

Pero no es únicamente el gobierno español quien las mantiene con el gobierno saudí. En septiembre del 2015, seis meses después de iniciarse la guerra, el régimen wahabí fue “premiado” por la ONU con la presidencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En junio de 2016, este mismo organismo, decidió retirar a Arabia Saudí de la lista negra de uno de sus informes llamado “Niños y Conflicto Armado”, en el que la monarquía saudita había sido incluida acusada de asesinar a cientos de niños con sus bombardeos sobre Yemen. El secretario general de la ONU por aquel entonces, Ban Ki-Moon, reconoció haber recibido durísimas presiones por parte del gobierno wahabí para tomar esta decisión.

Yemen no es un país rico, no produce apenas nada, pero se encuentra en una posición privilegiada por dónde transitan los petroleros de los países del Golfo Pérsico hacia Occidente y Oriente. Junto a Yibuti y Eritrea se sitúa en el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los puntos más importantes del mundo -en lo que se refiere al petróleo- por los millones de barriles que lo atraviesan. Unos 3,8 millones diarios.

Poco o nada le importa a sauditas y aliados las consecuencias de sus continuos bombardeos. Si los rebeldes hutíes se hicieran con el control del país, impactaría en la relación que este mantiene con las empresas petroleras de los países situados en el Golfo Pérsico y supondría unas cuantiosas pérdidas económicas para ellos y sus aliados.

Nuevamente son los intereses imperialistas los que se anteponen a cualquier otra consideración y de nuevo es la población civil la gran víctima de ello.

(Fuente: La República / Autora: Lola Soria)