Genero y Trabajo en el Estado Español (1 y 2)

(Primera y segunda parte de un texto dividido en cuatro artículos. Las otros dos serán transcritas cuando, a su vez, los sean en el digital La Izquierda Diario)

(I parte)

Feminización del trabajo y precariedad laboral en el Estado español

En esta serie de artículos a modo de apuntes abordaremos, desde el punto de vista marxista, la relación entre el aumento del trabajo asalariado femenino, la llamada “feminización del trabajo”, y el incremento de la precariedad laboral femenina en el Estado español.

El objetivo es demostrar, desde una visión materialista e histórica, cómo uno de los apoyos del sistema patriarcal, la división sexual del trabajo, ha llevado a mantener un gran desequilibrio a pesar del aumento del número de asalariadas: es decir, son cada vez más en las actividades peor pagadas y aumentan las condiciones de precariedad.

En última instancia es analizar cómo algunos de los mecanismos de opresión inscritos en el sistema patriarcal, son imprescindibles para mantener las más profundas de las desigualdades basadas en la explotación del sistema capitalista.

En el Estado español, el porcentaje que representa la mujer en el conjunto de la clase trabajadora asalariada ha pasado del 43% al 48% entre los años 2007 a 2016. Es muy elevado en la sanidad y los servicios sociales, donde el 77,5% de las personas ocupadas son mujeres. En educación, ocupan el 67,4%, en el sector servicios el 66,6%, y en todas aquellas tareas vinculadas al cuidado de personas y del hogar el 88,6%.

No es casual que las mujeres estén sobrerrepresentadas en estas actividades como tampoco es “natural” la división sexual del trabajo, sino que está inscrita en una construcción social “duradera” de la “feminidad” y la “masculinidad” en el mundo laboral (Ulla Wikander, De criada a empleada). Ligado a ello, son las mujeres las que sufren peores condiciones de trabajo con mayor frecuencia. Además de la tradicional brecha salarial (23% de diferencia media entre hombres y mujeres), de los contratos a tiempo parcial, el 73,86% son desempeñados por mujeres; es decir, 3 de cada 4 empleos.

En primer lugar, abordaremos la extensión del trabajo asalariado femenino, en su actualidad e históricamente, desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX, el cual ha significado una ruptura con el aparato ideológico, legislativo, religioso y hasta “científico” que se ha ido actualizando para fundamentar la división sexual del trabajo.

En segundo lugar, y estrechamente ligado al primero, analizaremos cómo el enorme incremento de la llamada “feminización del trabajo” viene acompañado de la precariedad laboral creciente en el mundo laboral femenino.

En tercer lugar, será importante dar cuenta de la transformación del capitalismo mundial en el último siglo, esencialmente las transformaciones políticas y económicas ocurridas desde las décadas del 80 bajo la etapa llamada “neoliberalismo” que llamaremos “restauración burguesa” (Emilio Albamonte, Matías Maiello, Estrategia socialista y arte militar), en referencia a la contraofensiva que los países imperialistas de Europa y Estados Unidos desplegaron en todo el mundo luego de cerrar, tras derrotas físicas y desvíos, el ascenso de procesos revolucionarios y lucha de clases que tuvo lugar entre los años 1968 y 1981.

En cuarto lugar, todo este análisis tiene como fin último y principal, aportar a confeccionar estrategias de lucha y organización de las mujeres en alianza con el conjunto de la clase trabajadora, -tan en debate en el movimiento de mujeres y feminista actual-, demostrando que es posible y necesario luchar contra el sistema patriarcal y sus múltiples opresiones hacia las mujeres, bajo una perspectiva anticapitalista y de clase. Y con el objetivo de acabar con la explotación mediante una lucha revolucionaria, y poder así sentar las bases de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, sobre nuevas bases materiales de igualdad para avanzar en eliminar todos los prejuicios patriarcales, sexistas, etc., enraizados culturalmente desde hace siglos (Andrea D’Atri, Pan y Rosas).

Del hogar al trabajo: la histórica lucha de las mujeres por “trabajar”

Actualmente, más del 40 % del empleo global está compuesto por mujeres. Aun así, aunque en la mayoría de los países centrales de Europa existe una relativa equiparación entre el trabajo asalariado femenino y el masculino, en el Estado español continúa existiendo la brecha de género en la actividad laboral.

Esta brecha se ha ido intensificando en los últimos años tras la profundización de la crisis. Según un informe de CCOO, se identifica “más de un millón y medio de mujeres menos incorporadas a la actividad. Y esta barrera se refleja en la brecha porcentual de género, de 11,24 puntos (tasa actividad mujeres, 53,33%, hombres 64,57%)”. En el mismo informe se indica que “Es perceptible la segregación laboral, incluso como desempleadas: 1 de cada 2 mujeres llevan más de un año buscando empleo (el 51,27% del total de paradas) y respecto a 2007, desde cuando se profundiza la crisis económica, se ha multiplicado por 5 el número de mujeres que llevan más de 2 años buscando empleo (143,5 mil en 2007 y 707 mil en 2017)”.

Por otro lado, las mujeres se concentran en un número más reducido de sectores y ocupaciones y, con frecuencia, con las remuneraciones más bajas y presencia muy elevada en las denominadas “categorías elementales”. Además, las mujeres acceden, en mucho menor número que los hombres, a puestos de responsabilidad, a pesar de que sus niveles educativos son, actualmente y en general, superiores (el 52% de las personas con estudios de 2º ciclo finalizados son mujeres).

La realidad es que, históricamente, el incremento de las mujeres al trabajo asalariado es, entre otras cuestiones, el resultado de más de dos siglos de lucha de las mujeres por pertenecer al mercado laboral. Salir del hogar al trabajo implicaba cuestionar el modelo predominante de mujer durante el siglo XIX y comienzos del XX, tan conocido como “ángel del hogar” o “perfecta casada”. Era, por tanto, poner en jaque a todo el discurso de la domesticidad tan difundido en textos como el famoso folleto de 1886 de la colección “Biblioteca para Señoritas” que describía las obligaciones de las mujeres en el hogar, tanto en el gobierno de la economía como en el rol moral de las mujeres.

Una ideología que se iba perfeccionando con nuevos argumentos, como los del famoso doctor endocrinólogo, Gregorio Marañón, quien en 1920 alcanzó un consenso notable en la sociedad española tras su teoría de la diferenciación y el carácter complementario de los sexos. Sostenía que las mujeres no eran inferiores, aunque sí eran diferentes en sus rasgos psicológicos y biológicos: la razón, la lógica, la reflexión, la capacidad analítica e intelectual y la creatividad eran características biológicas del hombre. La sensibilidad, sentimentalidad, afectividad, intuición, pasividad y abnegación eran de la mujer. Una distinción utilizada para reforzar el rol de domesticidad, como mujeres y madres (Mary Nash, Rojas).

La gran segregación y discriminación de la mujer en el ámbito laboral se ha manifestado de diferentes formas, de acuerdo a las etapas históricas y contextos políticos, sociales y económicos. La hostilidad hacia el trabajo asalariado femenino y la entrada de las mujeres al trabajo siempre se sostuvo a través del culto a la domesticidad y el enorme peso de la Iglesia católica en la sociedad española. El discurso de la dependencia económica de la mujer ha sido vital para ejercer su rol en el hogar, siendo la “mujer asalariada” un símbolo de la degradación masculina.

Otro gran retroceso se produjo durante el franquismo, cuando, como define Mary Nash, se impuso una “verdadera contrarrevolución de género que pretendió construir una nueva mujer para la España franquista. (…) De hecho, la redefinición del rol de las mujeres se convirtió en una pieza clave en la maquinaria represiva dictatorial.” (Mary Nash, Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Catalunya (1900-2000).

Es decir, se utilizó todo un aparato legislativo, educativo e institucional, junto a la Sección Femenina de la Falange, única organización femenina del Régimen franquista creada en 1940 y dirigida a nivel nacional por Pilar Primo de Rivera. Pueden observarse las consecuencias en los derechos laborales para las trabajadoras. Ya en 1938 durante la Guerra Civil, tal como describe Mary Nash, tras el Fuero del Trabajo quedaba rechazado el trabajo asalariado femenino cuando se declaró que el Estado “liberará la mujer casada del taller y la fábrica”.

Mientras, aplicó medidas que protegían a la familia para obligar a las mujeres casadas a que se dediquen totalmente al hogar y a la maternidad. Así lo explica Mary Nash, “La concepción orgánica del Nuevo Estado reforzó la figura del padre como cabeza de familia. Así la Ley de subsidios familiares (1938) y el Plus de cargas familiares (1945) establecieron un modelo patriarcal del trabajador, cabeza de familia y merecedor de un sueldo familiar. Las leyes reforzaron la dependencia femenina al regular que el marido podía percibir el sueldo que ganaba la esposa (1944) y durante 40 años, hasta mayo de 1975, cualquier mujer casada necesitaba de la autorización marital para tener un contrato laboral.”

Hasta todo un cuerpo de médicos franquistas difundían por todos los medios la idea de la amenaza que significaba el trabajo asalariado, dando cuenta de enfermedades que perjudicaban a las mujeres a la hora de procrear.

Tal como lo describen C. Molinero y P Ysàs el Régimen franquista impuso “El establecimiento en la Ley de Contrato de Trabajo de la autorización marital para que la mujer pudiera ser contratada, y de la posibilidad de que el marido recibiera el salario de la mujer. De hecho la mujer, especialmente la casada, era equiparada legalmente al menor de edad; incluso un especialista en derecho laboral, Pérez Botija, recordaba que en el I Congreso de Medicina Legal se había discutido la posibilidad de recoger en la ley la institución de la ’media capacidad’, como ’manera de resolver el problema de los menores, de la mujer casada y del incapaz mental’.” (Carme Molinero y Carme, Pere Ysàs, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España Franquista).

Es así que el Régimen franquista forzaba a las trabajadoras a abandonar los puestos de trabajo si llegaban a casarse, a través de diversas reglamentaciones; lo cual era compensado con una indemnización económica llamada “dote laboral”. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora no podía sostener esta situación, mucho menos durante la guerra y la posguerra, cuando las familias quedaban devastadas en la pobreza y no podían prescindir del trabajo de uno de sus miembros, como era el de la mujer. Un trabajo siempre desjerarquizado y en constante situación de precariedad.

Esta realidad se ha ido manteniendo de diferentes formas y con avances y retrocesos, desde el franquismo, la transición, las décadas de los ochenta y noventa, hasta la última crisis económica abierta en el año 2007, tal como analizaremos en los siguientes artículos.

Las mujeres en la lucha de clases, la batalla de la lucha de género

Desde esta posición, quebrando todos estos obstáculos políticos, legislativos e ideológicos de los diferentes regímenes, las mujeres fueron grandes protagonistas de la lucha de clases en el Estado español. Primero, en ramas muy feminizadas como la industria textil, que junto a otros sectores de la clase trabajadora se enfrentaron al régimen franquista protagonizando importantes huelgas, especialmente en Catalunya. Fueron las obreras textiles las primeras en protagonizar huelgas a finales de la década del cuarenta.

Llegadas las décadas de los sesenta y setenta, en el Estado español las mujeres protagonizaron una lucha incesante contra la explotación laboral, cuando ser mujer, obrera, muchas de ellas migrantes, significaba luchar en una situación de enorme opresión dentro de un potente movimiento obrero en auge. En un contexto de transformaciones económicas y de un proceso de industrialización en el que el trabajo femenino se estaba reconfigurando, entre 1950 y 1975 el número de las mujeres asalariadas aumentaba al mismo tiempo que otras no lo abandonaban cuando tenían hijos. Estos cambios engendraron una enorme conflictividad laboral femenina. Nacía una nueva generación de mujeres que, explícitamente o no, se enfrentaban como un motor imparable al modelo de mujer franquista en sus aristas más misóginas. Luchaban contra la explotación y la dictadura.

Ayer. Hoy. Luchan contra la precariedad y la pobreza bajo democracias que degradan sus derechos. Es decir, contra un imaginario colectivo de creencias negativas sobre las mujeres, -basadas en la diferencia sexual de naturaleza universal e inevitable-, que anulaban/anulan así sus potencialidades para conquistar sus derechos. De esta manera se justificaba/justifican la gran discriminación laboral y salarial: en 1963, el salario/hora medio de las mujeres en la industria alcanzaba un 80% de los salarios masculinos, pero en 1971 había empeorado al 75%”.

Hoy la desigualdad es de un 23%. La lucha por “igual trabajo, igual salario” está a la orden del día. La firme lucha contra la precariedad, en la que las mujeres están sobrerrepresentadas, ¿no estaría cuestionando el modelo laboral del capitalismo español impuesto en los noventa por la “casta bipartidista” PSOE-PP, en el que se daba por “natural” la existencia de sectores precarios, subcontratados o “falsos autónomos”? ¿Y por ende, las “aristas más misóginas” de todo un régimen político que sustenta esta intensificada discriminación? Estos interrogantes los abordaremos en próximos artículos.

Para las marxistas revolucionarias, es de vital importancia rescatar todas estas experiencias. Porque el terreno de batalla de la lucha de género, es un terreno en la lucha de clases, para desde ahí recuperar y conquistar los derechos perdidos y por ganar de todas las mujeres. Y es en el terreno de la lucha de clases que las trabajadoras han hecho historia.

En la segunda parte analizaremos la relación entre la división sexual del trabajo y la precariedad laboral, para después abordar las estrategias de lucha de las que se dotaron las mujeres trabajadoras contra la explotación laboral y la precariedad.

(II parte)

La división sexual del trabajo y la precariedad femenina en el Estado español

En el Estado español el trabajo asalariado femenino es muy elevado en actividades sanitarias y servicios sociales, donde el 77,5% de las personas ocupadas son mujeres. En la educación ocupan el 67,4%, en el sector servicios el 66,6%, y en todas aquellas tareas vinculadas al cuidado o empleadas del hogar el 88,6%.

No es casual que las mujeres estén sobrerrepresentadas en estas actividades como tampoco es ’natural’ la división sexual del trabajo. Esto está inscrito en una construcción social duradera de la ’feminidad’ y la ’masculinidad’ en el mundo laboral (Ulla Wikander, De criada a empleada).

Como vimos en el primer artículo Feminización del trabajo y precariedad laboral en el Estado español (I), aún así, el aparato ideológico, legislativo, religioso y hasta “científico”, conformado históricamente para impedir que las mujeres rompieran las paredes del hogar y salieran a trabajar, de ningún modo ha podido evitar el incremento del trabajo asalariado femenino.

Muy al contrario, las transformaciones económicas de un capitalismo en auge que requería de más mano de obra femenina, por un lado, y las luchas de las mujeres por buscar su independencia económica y contra las condiciones de explotación, por el otro, han puesto en cuestión este ideario capitalista y patriarcal. No obstante, lejos de desaparecer, se ha mantenido bajo diferentes formas en las nuevas relaciones laborales con el objetivo de explotar a las trabajadoras doblemente, con salarios menores al de los hombres, para de esa manera también bajar los salarios de los otros trabajadores.

En este sentido, es interesante el análisis de Ulla Wikander sobre la tendencia dominante de todos los Estados europeos a regular la situación laboral de la mujer con el fin de “proteger a la familia” de la “amenaza al orden social” que implicaba que la mujer se convierta en asalariada, legislando a favor de mantener la división sexual dentro del mercado laboral con el fin de obstaculizar su independencia económica.

A fines del siglo XIX y el XX, en muchos países de Europa el derecho matrimonial daba al hombre el poder de decidir sobre la situación laboral de su esposa e incluso de disponer de sus ingresos. Pero paralelamente jugaban con las ’ventajas’ de emplear a las mujeres basándose en las ’aptitudes’ de cada sexo para las tareas laborales.

En el Estado español, los Códigos Civil y Penal establecían que la autoridad del marido debía obedecerse automáticamente por parte de la mujer, recibiendo castigos si no lo hiciese con la cárcel. Un femicidio era castigado con el destierro a una distancia mínima de 25km, durante un período de entre seis meses a seis años. Si las heridas eran leves, no había castigo. Para las mujeres, se los consideraba parricidios y se castigaban con la cadena perpetua. El considerado adulterio tenía connotaciones diferentes para la mujer, con dos a seis años de prisión, y nada para el hombre ya que no se lo consideraba adulterio, a no ser que tuviera otra concubina en el hogar conyugal (Mary Nash, Rojas).

Esto se mantuvo hasta la Segunda República, aunque con desigualdades regionales siendo Catalunya la más avanzada. Pero incluso en este periodo con la Nueva Ley de Contratos Laborales de noviembre de 1931, el hombre mantenía el control del salario de la mujer, aunque con su autorización la mujer podía disponer de él. Hemos visto cómo estos mínimos derechos volvieron a retroceder bajo el Régimen franquista.

Ulla Wikander explica también cómo en Europa, el derecho matrimonial persistió hasta la segunda mitad del siglo XX y fue eliminado en Alemania Occidental en 1976, en España en 1980 y en Suiza en 1988. Ligado a ello, en toda Europa se impusieron políticas estatales salariales, según el sexo y no el tipo de trabajo. Los salarios de las mujeres en la industria estaban a mediados de los noventa por debajo de los de los hombres en toda Europa: en Francia ganaban el 81% del salario de los hombres. En Dinamarca el 75%, en Alemania el 74%, en España el 72% y en Inglaterra el 69%.

Hoy en el Estado español, como es sabido, la brecha salarial es de un 24%. Aunque esta media no significa salario “a igual trabajo”. Hay que cruzarla con otra gran brecha, que son los trabajos exclusivos para mujeres, tratados como de “segunda categoría” o “suplementarios”, en condiciones laborales precarias e inestables. La fuerza laboral femenina inmigrante es otro gran elemento a tener en cuenta en un país imperialista.

La precariedad tiene rostro de mujer

Las sociedades industriales más avanzadas utilizaron los patrones de la división sexual del trabajo establecida desde siglos, para justificar mayores desigualdades, discriminación y desjerarquización del trabajo de las mujeres. Ligado a ello, las tradicionales tareas de reproducción continuaron a cargo de las mujeres.

Y a pesar de los nuevos avances técnicos como las lavadoras, hornos microondas o, los más modernos como los lavavajillas, estas tareas continuaron hasta la actualidad, siendo una pesada carga para las mujeres trabajadoras, sin servicios de guarderías adecuados ni residencias para personas dependientes.

Como veremos, las sucesivas crisis económicas se descargaron contra la clase trabajadora con recortes y privatizaciones de servicios sociales primordiales. La crisis del llamado ’Estado de bienestar’ en varios países de Europa ha llevado a un emplazamiento de cargas del Estado a los hogares, es decir del ámbito público al privado.

En el Estado español, a once años desde la agudización de la crisis económica del año 2007, todas estas transformaciones se imponen de forma descarnada en amplios sectores de la clase trabajadora. Este nuevo periodo de crisis se enfrenta a una fuerza de trabajo altamente feminizada y con una inserción urbana muy superior a la rural.

Actualmente, el rol de domesticidad y las tareas de cuidados continúan impregnados en los poros del trabajo asalariado femenino, con el fin de arrastrarlo a la precariedad cada vez más. La Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de la enorme fuerza laboral femenina en el sector servicios –camareras, niñeras, cocineras, limpiadoras, teleoperadoras, camareras de pisos, cajeras de supermercado. O de cuidados de menores, mayores dependientes, personas enfermas o con discapacidad es señalado como causa de los contratos parciales para un 12,98% de mujeres y un 1,78% de hombres. Ellas, 7 veces más; aunque la cifra debe ser aún mayor ya que la mayoría no tiene contratos siquiera y no forman parte de las estadísticas.

A ello hay que agregarle la enorme fuerza laboral de mujeres inmigrantes, sometidas a los peores contratos, si tienen, muchas veces condicionados al chantaje de “los papeles” y las xenófobas y racistas leyes de extranjería, que conlleva a que se vean sometidas a enormes problemas para poder mantener su situación administrativa.

Son el blanco perfecto para los trabajos más precarios. Según cifras oficiales, aproximadamente la mitad de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social que trabajan como empleadas del hogar y del cuidado son mujeres inmigrantes. Un informe del año 2015 de la Organización Internacional de Migraciones, muestra cómo para el 70% de las mujeres inmigrantes el primer empleo que tienen una vez que llegan al Estado español, es principalmente en trabajos domésticos y de cuidados, de limpiadora o de camarera.

Y además una gran parte de ellas en la economía sumergida u obligadas a ejercer trabajos tan esclavos como el de ’interna’, es decir viviendo en el mismo hogar para hacer todo: cuidar, lavar, limpiar o cocinar durante las 24 horas del día, toda la semana, con unos descansos irrisorios establecidos por ley -solo se permiten dos horas de descanso diarias y 36 horas semanales seguidas- que nunca se respetan.

En un interesante artículo de Àngels Vilaseca, “Empleadas del hogar, trabajadoras invisibilizadas bajo la extrema precariedad”, explica cómo “El empleo del hogar y del cuidado muestra uno de los rostros más extremos de la precariedad laboral. Éste sigue siendo un sector completamente marginal y desvalorizado que recae sustancialmente en la economía sumergida, formado principalmente por mujeres (entre un 90-95%) muchas de ellas inmigrantes. Según los datos oficiales, en el Estado Español actualmente hay alrededor de unas 700.000 empleadas del hogar. Un informe reciente de la UGT exponía que aproximadamente hay unas 400.000 mujeres que trabajan en este sector y están afiliadas a la Seguridad social. Según el mismo informe, aproximadamente un 30% de las empleadas del hogar y del cuidado sigue sin tener cobertura social, pero seguramente son muchísimas más las que trabajan en negro y no aparecen en las estadísticas”.

Por otro lado, las externalizaciones o ’outsourcing’, tanto en el sector privado como público, se han extendido exponencialmente en pos de mejorar “la eficacia, la especialización y la calidad”. Estas tres “cualidades” nunca cumplidas pretenden velar en qué se sostiene la verdadera rentabilidad de las empresas capitalistas: condiciones de trabajo de alta precariedad, elevadas tasas de temporalidad y rotación, subrogaciones de los contratos plenas de irregularidades, ritmos de trabajo altísimos, alta tasa de accidentes de trabajo, enfermedades no reconocidas como profesionales, salarios por debajo del mínimo interprofesional.

Las empresas ’multiservicios’ (EMS) han entrado en auge a partir de la Reforma Laboral de 2012 del Partido Popular que ha modificado sustancialmente la negociación colectiva, dando prioridad a la aplicación de los convenios de empresa en detrimento de los convenios sectoriales. Un reciente informe de UGT da cuenta de la existencia de 273 convenios de EMS, afectando a más de 60.000 trabajadores.

La externalización ha crecido como un virus especialmente en sectores laborales femeninos. Servicios sociales, de limpieza en centros públicos como privados, de cocina y tiempo libre en los centros educativos, por sólo nombrar algunos. La lucha actual de Las Kellys, las que limpian los hoteles, o de las trabajadoras de Servicios Sociales, entre muchas otras, denuncian de manera rotunda esta situación.

Todos los datos analizados dan una ecuación muy sencilla hacia una tendencia al aumento de la precariedad femenina: contratos de corta duración y bajos salarios. Además de la tradicional brecha salarial (23%), de los contratos a tiempo parcial el 73,86% son desempeñados por mujeres, es decir, 3 de cada 4 empleos, indica un informe de CCOO.

Estos datos también sancionan el futuro de las mujeres, con prestaciones y pensiones de pobreza. En cuanto a las prestaciones por desempleo, para las mujeres (57%) diez puntos inferior a la de los hombres (67%). Y también cuentan con cuantías mucho más bajas frente a “la mayor parcialidad de sus prestaciones (el 68% del total de éstas las perciben mujeres) y el elevado volumen de subsidios (ellas perciben el 54% del total) frente a prestaciones contributivas”, según otro informe de CCOO.

Estas cifras actualizadas al 2018 no caen del cielo. Tienen su origen en el modelo laboral del capitalismo español configurado en las décadas del ochenta y noventa tras diferentes políticas aplicadas por los gobiernos. Desde la llamada “reconversión industrial”, hasta privatizaciones de servicios públicos, reformas laborales, EREs, pérdida de decenas de miles de trabajos desviados hacia la contratación y subcontratación de servicios. Una verdadera contraofensiva contra el conjunto de la clase trabajadora.

“Esto es una guerra”, es el grito del movimiento de mujeres en las masivas manifestaciones. Y lo es, pero no contra los hombres. Es una verdadera declaración de guerra de los capitalistas, que las mujeres trabajadoras sólo podrán afrontar creando alianzas con el conjunto de la clase explotada.

Y que el movimiento de mujeres y feminista tiene el reto de asumir, con una perspectiva lejos de lo individual o exclusivamente cultural. La cultura patriarcal no puede abstraerse del sistema que sostiene todas las desigualdades de género, de raza, que es el sistema de explotación capitalista bajo el cual es una utopía la “ampliación de derechos” o una mayor “equidad de género” cuando “a nivel mundial, el 70% de las personas más pobres son mujeres y niñas” (Andrea D’Atri, Pan y Rosas). A la vez que la lucha contra las desigualdades y las múltiples violencias machistas, debe ser abrazada por todos los trabajadores y la juventud.

Nota de la autora:

En el próximo artículo, analizaremos cómo los recortes y privatizaciones han provocado una traslación del trabajo público al privado y un “retorno al hogar” en condiciones de mayor feminización de la pobreza.

Para adentrarnos posteriormente en otras entregas en el análisis del modelo capitalista español que dio origen a la precariedad laboral, intentaremos dar cuenta de cómo se ha configurado en el Estado español la transformación del capitalismo mundial en el último siglo, atravesado por las transformaciones políticas y económicas ocurridas desde las décadas del ochenta bajo la etapa llamada “neoliberalismo” que llamaremos “restauración burguesa” (Emilio Albamonte, Matías Maiello, Estrategia socialista y arte militar), en referencia a la contraofensiva que los países imperialistas de Europa y Estados Unidos desplegaron en todo el mundo luego de cerrar, tras derrotas físicas y desvíos, el ascenso de procesos revolucionarios y lucha de clases que tuvo lugar entre los años 1968 y 1981.

(Fuente: La Izquierda Diario / Autora: Cynthia Lub)

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