Ante el acuerdo firmado en la Audiencia Nacional española

Ante el acuerdo firmado hoy en la Audiencia Nacional española entre lxs acusadxs del caso 11/13 y la Fiscalía, así como con la AVT y DyJ, el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión quiere expresar lo siguiente:

El 12 de abril mostramos mediante una nota de prensa nuestra solidaridad hacia las personas que iban a ser juzgadas en este proceso, y subrayamos la importancia política de este juicio. Denunciamos que este era un intento por borrar cualquier cosa que pudiera dar un mínimo de estabilidad a lxs presxs políticxs, y advertimos de que era otro paso para desvirtuar el conflicto por medio de la despolitización de estxs y poder llevar a cabo la asimilación de Euskal Herria sin oposición y con naturalidad.

(https://www.amnistiaaskatasuna.com/es/articulo/ante-el-juicio-contra-herrira)

Reconociendo que el encarcelamiento de cualquier persona se puede convertir en una tragedia personal, debemos decir que históricamente hemos entendido la cárcel como otro espacio de lucha. En la medida en que somos (y son) militantes políticxs, sabemos bien que las decisiones que tomamos en calidad de militantes, además de las consecuencias personales, también acarrean consecuencias políticas. El acuerdo firmado este 16 de septiembre puede aliviar la situación personal de lxs acusadxs, pero a nivel político solo podemos calificarlo de catastrófico.

La militancia política es una decisión libre y consciente a la que se puede renunciar cuando alguien alcanza su propio límite, es una actitud obligada tan solo por el compromiso personal. A nadie se le amenaza para empujarle a la lucha. De haber una amenaza, esa es la que los Estados nos lanzan para que nos quedemos en casa. Cuando alguien se ha cansado siempre se le ha dado la posibilidad de irse a casa, aunque nunca se ha presentado esto como el modelo a seguir.

El mencionado acuerdo, como decíamos al principio, acarrea consecuencias políticas graves para toda organización o militante que tenga intención de trabajar en torno a lxs represaliadxs políticxs. Es obligación de cualquier organización política que mantenga una actividad publica, defender la legitimidad (que no legalidad) de dicha actividad. Por el contrario, lo que ha hecho este acuerdo ha sido dar por buenas la criminalización y la persecución de esas organizaciones. Esto es más grave si tenemos en cuenta que muchxs de lxs acusadxs tenían cargos liberados, lo que conlleva aceptar de antemano determinados riesgos.

Quienes defienden los acuerdos como única vía para evitar la cárcel, olvidan que no hace tanto tiempo la organización Askapena decidió llevar a cabo una defensa política, y que además de ganar la libertad de los acusados, ganó el derecho de Askapena a existir, también a los ojos del enemigo. No son comparables los acuerdos alcanzados por otros militantes en otros juicios con los alcanzados en procesos de ilegalización de organizaciones de actuación pública, porque lo que se juzga en estos últimos es hasta el derecho a organizarse.

Con el acuerdo de hoy han aceptado que se castigue la defensa de los derechos de lxs represaliadxs políticxs, la defensa jurídica, la asistencia médica, el derecho de lxs familiares a organizarse y, en general, cualquier gesto de solidaridad. A esto deberíamos sumarle que no ha sido un simple acuerdo jurídico, sino que es un acuerdo con contenido político.

El grupo ultraderechista AVT, que se personaba como acusación particular, ha considerado muy positivo el acuerdo ya que, según ha dicho, “ha sido un importante logro para la construcción del relato”. Pero el mayor problema no es lo que a la AVT le guste o no, sino que la capacidad del lenguaje para desarrollar la ideología es tan grande que cada espacio perdido en la terminología se convierte en una nueva batalla ganada para los que tratan de asimilar a nuestro pueblo.

Aparte de todo esto, el acuerdo da facilidades a la represión contra otrxs. Bajo la excusa de la libertad individual de cada unx, han permitido situar el listón de la represión en otro nivel, y el acoso contra las organizaciones que quieran continuar llevando a cabo un trabajo político ha encontrado nuevos resquicios para poder seguir aumentando la violencia estructural. Ya hemos dicho más veces que la amenaza represiva no nos va a hacer desviarnos de nuestro camino, pero es algo que queremos volver a reafirmar.

Para terminar, queremos denunciar el fraude realizado durante tantos meses hacia la gente de buena voluntad. Quienes han sacado adelante la campaña a favor de los imputados no han actuado con sinceridad hacia el pueblo. En la misma época en la que estrechaban la mano de la Fiscalía, han estado pidiendo solidaridad y ayuda de cara a un juicio de largos meses que no iba a existir. El 14 de septiembre llevaron a cabo una manifestación gigante, y esto nos lleva a hacernos una reflexión. ¿Para qué sirve reunir a tanta gente cuando no tienes voluntad de llevar a cabo ningún cambio cualitativo? Para eso mismo, para mantener las cosas como están.

En Euskal Herria, a 16 de septiembre de 2019.

Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión.

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