La hipocresía memorialista y antirracista de la izquierda del régimen en Andalucía

A raíz del atentado takfirí de Barcelona, como cada vez que acontece un acto terrorista atribuido a los “yihadistas”, a los más cavernícolas de la derecha en nuestra tierra les ha faltado tiempo para utilizarlo en un intento de atraerse a sus tesis racistas y supremacistas a los sectores populares más vulnerables por su grado de alienación y desclasamiento. Unos sectores populares ya de por sí predispuestos a las mismas gracias a las campañas islamófobas, más o menos camufladas entre supuestas intencionalidades modernizadoras o democratizadoras, emprendidas desde hace años por los medios de descomunicación de masas para crear un clima ideológico y psicológico social favorable al intervencionismo imperialista occidental en los distintos países árabes o de mayoría musulmana.

Basten como ejemplo los últimos mensajes subidos a las redes sociales por la parlamentaria jienense y responsable del PP en Linares, Ángeles Isac, en el que afirmaba que “en vez de velas y banderas, moros a su país, todos deportados”, o por Diego Javier García, dirigente sevillano de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, y responsable de dicha organización en Utrera, relacionando los atentados y la llegada de refugiados de Oriente Medio: “Los mensajes de consternación no sirven de nada si no se toman medidas. Que sigan poniendo pancartas de ‘Refugees Welcome’ que así nos va”.

Como también cabía de esperar, a la izquierda del régimen en nuestro país también les ha faltado tiempo para señalar y condenar estas manifestaciones de dirigentes del PP. La dirigente de Podemos Andalucía, Rocío Medina, ha denunciado los comentarios de Isac, censurado estas declaraciones “racistas e islamófobas”, y afirmando que la representación política “nunca puede alimentar el racismo”, así como que estos mensajes “demagógicos que fomentan el odio, el racismos y la islamofobia son graves y dañinos siempre, pero especialmente cuando los realiza una representante pública y presidenta de un partido en democracia”. Por su parte, Las Juventudes Socialistas del PSOE de Utrera han denunciado las manifestaciones de García, declarando su “más absoluto rechazo” por unas palabras que “rebosan intolerancia y ningún respeto hacia musulmanes y refugiados”, y afirmando que “no se puede permitir que un dirigente político (…), actúe de forma irresponsable con un mensaje público basado en la intolerancia”.

Es una obviedad que exclamar “moros a su país” o “todos deportados”, son manifestaciones “racistas e islamófobas”, así como que un representante político “nunca puede alimentar el racismo”. También lo es el que unas palabras que equiparan terrorismo a refugiados “rebosan intolerancia y ningún respeto hacia musulmanes y refugiados”, así como que “no se puede permitir que un dirigente político (…), actúe de forma irresponsable con un mensaje público basado en la intolerancia”. Pero estas manifestaciones, aparentemente aplaudibles e irreprochables, se convierten en demagógicas y cínicas, cuando las formaciones a las que representan aquellos que las realizan incurren en otros casos de declaraciones o actuaciones idénticas o semejantes a las que critican. O se inhiben y miran para otro lado, dejan hacer y decir, en dicha tipología de declaraciones  y actuaciones. O, en el mejor de los casos, se limitan a no participar en ellas y emitir comunicados contrarios a la misma para lavar la cara.

La geografía andaluza está repleta de conmemoraciones de “tomas” de poblaciones a los “moros”, de “fiestas de moros y cristianos”, de recreaciones pseudo-mediovalistas, de romerías en agradecimiento a la “reconquista” de la localidad, etc., que tienen en común el celebrar como algo positivo, beneficioso, incluso “modernizador”, no sólo la ocupación mediante la fuerza militar de la población en cuestión, sino, de facto, también sus posteriores consecuencias, ya que los efectos son inseparables de la acción que los originó: el desalojo de sus habitantes de sus hogares, el robo de sus bienes, la expulsión del lugar, la persecución, la tortura y asesinato de estos, etc. Y todo ello por haber cometido el “delito” de ser “moros”.

¿No son estas también manifestaciones “racistas y xenófobas”? ¿No poseen también “un mensaje público basado en la intolerancia”? ¿Estas otras “no rebosan intolerancia y ningún respeto hacia musulmanes” igualmente? Unas celebraciones que, además, son presididas e incluso han sido impulsadas por representantes políticos de esa misma izquierda que ahora se rasga las vestiduras. ¿En este caso si se puede “alimentar el racismo” por parte de la “representación política”? ¿En estos casos si se puede permitir “que un dirigente político (…), actúe de forma irresponsable con un mensaje público basado en la intolerancia? ¿Dónde están, que hacen, las asociaciones antirracistas y contra la xenofobia mientras se celebran crímenes masivos de odio, de forma incluso institucional? ¿Por qué ningún colectivo “memorialista” recuerda y reivindica a esas víctimas de esas otras intolerancias y dictaduras?

Para muestra de esa ambivalencia ideológica e hipocresía moral de la izquierda del régimen en este tipo de celebraciones, la que se da cada año en “La Toma” por antonomasia, la de Granada. El mismo PSOE que se rasga las vestiduras contra la intolerancia y la islamofobia, la apoya activamente y participa en ella. Podemos, IU y todos sus respectivos satélites socio-culturales, se limitan a emitir comunicados contrarios o a encerrarse entre cuatro paredes a mostrar su oposición con discursos, poemas y canciones. Más aún, los mismos que declaran que no basta con rechazar verbalmente y llaman a salir a la calle y manifestarse contra la matanza de Barcelona critican a los que salen a la calle contra la matanza de Granada. Llegan incluso a unirse al coro de los voceros de la derecha que descalifica a los manifestantes y los iguala a los fascistas que acuden cada 2 de enero atraídos precisamente por las intrínsecas connotaciones racistas y supremacistas que conlleva la celebración de “La Toma”.

Málaga y las dos varas de medir de la izquierda del régimen

Pero si hay un caso paradigmático que ejemplifica la hipocresía memorialista y antirracista de la izquierda del régimen es el de “la toma” de Málaga. Los habitantes de dicha ciudad poseen el triste record de haber sufrido no una sino dos “tomas”, con sus correspondientes matanzas de civiles indefensos, en unos pocos centenares de años. De haber padecido dos genocidios infligidos a la población, en ambos casos, como castigo a resistirse a la ocupación de su ciudad.

El primer genocidio se produjo en 1487, cuando las tropas invasoras castellano-aragonesas sitiaron la ciudad, al mando de sus respectivos reyes, Isabel I y Fernando II.  En castigo a su resistencia, miles de ellos, todos los varones supervivientes, fueron asesinados tras la rendición. Las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Tal era la acumulación de cadáveres en las calles y el hedor que despedían, que los dos reyes al mando de aquellos “cruzados”, como se denominaban a sí mismos, tuvieron que retrasar su entrada triunfal oficial en la ciudad hasta que ésta fuese limpiada por completo. Ésta primera matanza es conocida como “la toma”, o sea, la conquista y ocupación de la ciudad.

Menos de quinientos años después, en 1937, se produce el segundo genocidio. Nuevamente miles de malagueños serán asesinados, tras ser vencidos, esta vez por las tropas fascistas, españolas e italianas, mientras huían de la ciudad por la carretera costera que conducía hasta Almería. Razón por la que esta otra matanza es conocida como “La Dehbandá”, pues la huida se produjo de forma precipitada y desorganizada, mientras los ejércitos enemigos entraban en la urbe. Otra vez el “delito” de aquellos malagueños, aquel por el que merecían la muerte a ojos de estos otros “cruzados” – como cruzada adjetivaban al golpe de Estado – era haber resistido a las tropas que pretendían conquistar y ocupar su ciudad. O sea, realizar otra “toma” de la misma.

Como vemos, en unos pocos cientos de años se producen dos sucesos análogos y equiparables en Málaga: Un ejército cruzado conquista “manu militari” la ciudad y en castigo a la resistencia de la población miles de sus habitantes son asesinados de forma premeditada y “ejemplificadora”, como aviso para futuros resistentes, con posterioridad a haberse rendido y encontrándose, por lo tanto, en la más completa indefensión. Pero a esa similitud en los hechos y sus consecuencias, no se corresponde semejanza alguna en las consideraciones y actuaciones de la izquierda del régimen y sus satélites socio-culturales con respecto a ellos.

En este  febrero de 2017 se cumplían los ochenta años de “La Dehbandá”, y se aprestaron a darle la relevancia necesaria. Allí donde gobernaban, desde la Junta hasta los ayuntamientos, pasando por diputaciones, etc., y siguiendo por los distintos partidos, sindicatos, colectivos memorialistas, etc., se volcaron en la conmemoración del 80º aniversario de la matanza con diversidad de actividades. Y se rememoraba “la dehbandá” dándole el carácter que tenía como una fecha negativa. Como un hecho histórico a recordar, pero para reprobar, no para festejar.

El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, afirmó en la presentación de los actos, que dicha matanza era “uno de los episodios más execrables de nuestra historia, que no podemos y que no vamos a dejar que  el paso de los años vaya relegando al olvido, ni tampoco vamos a dejar de restituir la memoria de las víctimas ni de rendirles el homenaje público que les debemos”. Así como que los actos que se presentaban, además de su valor conmemorativo, “deben tener también una vertiente divulgativa y educativa, para hacer llegar a la sociedad, y especialmente a los jóvenes, la información real y cierta de nuestra historia, de lo que verdaderamente ocurrió”. Y concluyó declarando que “por más años que pasen, la dehbandá es y seguirá siendo el testimonio de la crueldad de la Guerra Civil y de la opresión del franquismo”.

Por su parte Emilio Silva Barrera, Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, publico en esas fechas un artículo en la prensa en el que afirmaba que “lo que ocurrió en Málaga (…) fue una muestra más del uso en suelo español de la violencia sin límites que el ejército sublevado”.  Y que “la Guerra franquista fue una guerra colonial. Con esa lógica actuaron quienes consideraban España invadida por infieles, ateos, marxistas, demócratas que no respetaban los privilegios ni las jerarquías, que no obedecían el rígido orden social, ni aceptaban seguir siendo secularmente los usuarios de la pobreza, de la ignorancia, de la explotación infantil y la falta de esperanza en una vida mejor”. “Familias que arrastraban sus pocas pertenencias por la carretera pegada a la costa, tratando de salvarse del castigo que les esperaba por haberse resistido a la voluntad de los cruzados liberadores”. “Se le conoce como la dehbandá, un nombre popularizado pero con rasgos de eufemismo, porque oculta lo que fue una terrible masacre”, para concluir que “ha llegado la hora de pasar de lo que sólo se enuncia a lo que también se denuncia”.

Sólo seis meses después, en este agosto de 2017, se han cumplido 530 años de aquella otra matanza. La primera. La de 1487. Pero esta no ha merecido ser tan siquiera recordada por la izquierda del régimen y sus satélites. Y las instituciones que sí lo han hecho no la han conmemorado como algo negativo y reprochable, sino todo lo contario, la han festejado. El Ayuntamiento ha puesto en marcha, un año más, hasta un grotesco desfile de moros y cristianos sacados de los bocetos de una mala película hollywoodiense de serie B de los cincuenta, y todos los medios locales se han referido a ella celebrando la conquista y ocultando, minimizando o justificando la matanza. Y todo ello ante el silencio cómplice y el mirar para otro lado de la inmensa mayoría de los que denunciaban “la dehbandá” y participaban en los actos del 80º aniversario. Ninguno ha recordado esta otra matanza y menos aún ha denunciado que se festeje. Solo el puñado de individuos y colectivos que lo hacen cada año, como el caso granadino, entre la indiferencia de unos y el hostigamiento de otros. Más aún, es el “progresista” PSOE, en los ochenta, el que revive la celebración de “la toma”. El PP se ha limitado a continuar su estela y a introducir el ridículo desfile.

Partiendo de la misma afirmación de Ruíz Espejo, en nombre de la Junta, acerca de que “por más años que pasen” la matanza de 1937 “es y seguirá siendo” testimonio de la crueldad y de la opresión, ¿por qué la matanza de 1487 no lo es? ¿Por qué el genocidio de 1937 “que no podemos y que no vamos a dejar que  el paso de los años vaya relegando al olvido”, tiene que rememorarse con actos que “deben tener también una vertiente divulgativa y educativa, para hacer llegar a la sociedad, y especialmente a los jóvenes, la información real y cierta de nuestra historia, de lo que verdaderamente ocurrió”, mientras que el de 1487 no?

¿Por qué si “la guerra franquista fue una guerra colonial” porque “con esa lógica actuaron quienes consideraban España invadida por infieles (…) que no respetaban los privilegios ni las jerarquías, que no obedecían el rígido orden social”, y no lo es igualmente esa otra guerra colonial de aquellos otros ejércitos de 1487, si también “con esa lógica actuaron quienes consideraban España invadida por infieles (…) que no respetaban los privilegios ni las jerarquías”, en este caso castellano-eclesiásticas, “que no obedecían el rígido orden social” que pretendían establecer? ¿Por qué es  execrable “el castigo que les esperaba por haberse resistido a la voluntad de los cruzados liberadores” a los malagueños de 1937 y no a los de 1487? ¿Por qué “la deshbandá” es “un nombre popularizado pero con rasgos de eufemismo, porque oculta lo que fue una terrible masacre” y “la toma” no se reconoce como eufemismo de otra masacre? Y, sobre todo, ¿por qué “ha llegado la hora de pasar de lo que sólo se enuncia a lo que también se denuncia” en el caso del genocidio de 1937 y no en el de 1487?

La mentira memorialista de la izquierda del régimen se hace ley

Este 2017 también nos ha deparado lo que la izquierda del régimen enarbola como un hito jurídico histórico; la aprobación de la denominada Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía por el mal llamado Parlamento de Andalucía, pues sin soberanía andaluza no puede existir un parlamento real que represente la voluntad popular. Con independencia de las carencias y vacíos contenidos en su articulado, bastante amplio por cierto, lo que en el contexto de este artículo interesa es el trasfondo ideológico que rezuma, como muestra de la mentira memorialista, antirracista, e incluso pro-democrática, tanto de los que la han votado como de aquellos otros que la defienden o se congratulan de su existencia.

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”. Este párrafo pertenece a los “Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” aprobados por la ONU y está incluido en la exposición de motivos que incluye, como primer basamento jurídico, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía aprobada en ese mal llamado Parlamento de Andalucía.

Pues bien, esta ley, incumple sistemáticamente con todo lo transcrito con anterioridad, dado  que no contempla ni impulsa ese conocimiento para nuestro pueblo “de la historia de su opresión”, ni  lo preserva “con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria”, y mucho menos “tiene por objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas”.

¿Consideraríais cómo las memorias de una persona aquella supuesta biografía que abarcase apenas unos pocos días de su existencia, y además sólo refiriendo determinados aspectos muy específicos de lo vivido esos días? Pues nos pretenden hacer pasar por “memoria histórica” lo acontecido a un pueblo milenario durante unos pocas décadas. Y además limitándolo a unos aspectos muy concretos y muy encorsetados ideológicamente, según la óptica del régimen, de lo sucedido en ese espacio temporal. Unas pocas décadas en la historia del pueblo andaluz en la que sólo se referencian “luchas por las libertades”, y según la concepción burguesa de estas.

No nos encontramos ante una ley de memoria histórica, aunque se juegue con el concepto y así se nos lo pretenda vender. Resulta tan incuestionable que ni tan siquiera sus redactores se han atrevido a otorgarle dicha adjetivación global única y se han justificado y lo han camuflado añadiendo  lo de “memoria democrática”. Una memoria que la propia normativa define como la “lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades”, pero que dado sus contenidos podemos igualmente concluir que esta ley tampoco es de “memoria democrática”, pues ni tan siquiera cumple con esta restrictiva porción de la memoria histórica que aspira a abarcar, ya que tampoco cubre la totalidad de este tipo de luchas sostenidas por nuestro pueblo.

Afirma en la exposición de motivos que “desde mediados del siglo XIX las luchas campesinas, las corrientes liberales y el movimiento republicano y federal fueron el germen de esta cultura democrática en Andalucía. La primera y, sobre todo la Segunda República, marcaron momentos culminantes de esta lucha y son los antecedentes inmediatos del actual marco democrático”. Pero posteriormente,  en su artículo 1, declara que “el objeto de esta Ley es el establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía y velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades durante la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Por un lado, se iguala falsamente memoria histórica, o sea conocimiento de su historia por parte de un pueblo, de toda ella, incluida “la historia de su opresión”, también en su globalidad, que es lo que referencia la ONU, con lo que se califica de “memoria democrática”, además ciñéndola a esa “lucha por las libertades” concebida desde una óptica burguesa, con la obvia intención de limitarla a lucha por libertades formales, y equiparar falazmente esas “libertades” formales con el concepto mismo de libertad, así como el de democracia con el de “democracia representativa”. Por otro lado se afirma que dicha “lucha por las libertades” comienza “a mediados del XIX”, pero en su ámbito de actuación se ningunean cerca cien años de ellas y sólo se incluye unas pocas décadas del XX. Desde abril de 1931 hasta enero de 1982.

En tercer lugar mencionan otras luchas, como las campesinas o las federalistas del XIX para, a continuación, igualmente excluirlas de su ámbito de actuación. Incluso se descarta todo lo acontecido en el primer tercio del siglo XX. ¿Es que no fueron “lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades” las habidas durante la Dictadura de Primo de Rivera o en el “trienio bolchevique”? ¿Y con anterioridad, en ese XIX ninguneado, no lo fueron, por ejemplo, los levantamientos liberales, los jornaleros libertarios, o las insurrecciones cantonalistas? En definitiva todo lo sucedido antes de 1931. ¿Y si lo fueron por qué se dejan al margen del ámbito la ley?

El que así se haga supone que esta ley  incumple consigo misma. Si la “lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades” comienza, según sus redactores, “a mediados del XIX”, obviamente esa mitad del siglo y el posterior primer tercio del XX deberían incorporarse dentro de ese propósito de “establecimiento de políticas públicas para la recuperación de la “memoria democrática”, y por “velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades”, pero contradictoriamente, o quizás no, se coloca la línea de inicio mucho después, en “la Segunda República” Española.

Lógicamente, al igual que es arbitrario colocar la fecha de inicio de la “memoria histórica y democrática” en 1931 lo es situar la de su finalización o culminación en 1982. ¿Entonces que son las distintas movilizaciones habidas en nuestra tierra desde entonces y hasta ahora sino “lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades”, por su reconocimiento, obtención, ampliación o preservación, incluidas las “luchas campesinas” acontecidas en los últimos decenios y las movilizaciones de los últimos decenios contra el cercenamiento de los ya de por sí escuálidos derechos otorgados? ¿Y si lo son por qué se pone el tope en 1982? ¿Será quizás precisamente para lo contrario a lo anunciado, para que no haya “conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión”, que permanece aún hoy, haciéndole creer que vivimos una democracia real donde la opresión ha desaparecido, careciendo de sentido luchar por ella?

Si atendemos a lo declarado por Naciones Unidas en el enunciado transcrito, a lo que el pueblo andaluz tiene derecho no es a conocer una parte de su historia por sus derechos y libertades, ni unos aspectos determinados de la lucha contra la opresión sufrida, sino al conocimiento pleno de toda su historia, de toda la opresión padecida a lo largo de ella y de todas las luchas por “la conquista de las libertades” mantenidas en el pasado, desde la primera hasta la más reciente. Y, lógicamente, dentro de esas luchas a las que acabaron victoriosamente, con la conquista de la libertad colectiva, que forma parte de esas “libertades”. Con las distintas conformaciones de sociedades andaluzas libres, soberanas e independientes. Y no sólo a sus luchas, sino a sus logros, avances, idiosincrasias, particularidades, identidades, etc. En definitiva a la globalidad de su pasado, de su historia, y en la integralidad de sus facetas. Es sólo a eso a lo que se puede calificar de “memoria histórica y democrática” del pueblo andaluz.

Al igual que el dicho que afirma que una verdad a medias es la mayor de las mentiras, se puede afirmar que una “memoria histórica y democrática” a medias, a la que se le amputada la mayoría de sus partes, además las más trascendentes, constituye la mayor de las mentiras memorialistas. Una mentira conscientemente perpetrada y, por tanto, destinada no a que el pueblo andaluz sepa y se conozca, sino a que permanezca ignorando y desconociéndose.

Al grado y características de conocimiento memorialista al que tiene derecho un pueblo, a ese “conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión” que le reconoce la ONU, consecuentemente, no se puede poner límites, si realmente queremos que lo que conlleve y produzca sea eso, conocimiento.  Cualquier restricción al respecto, cualquier limitación de dicho conocimiento, incumpliría el principio de la ONU “de preservar del olvido la memoria colectiva”, e incurriría en lo que Naciones Unidas pretende evitar, “el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas” de esa “memoria colectiva”. Y eso es precisamente lo que hace esta ley al establecer fechas límite y delimitar barreras temáticas. Impulsar “el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas” de la historia y las opresiones del pueblo andaluz.

Crímenes contra la humanidad: ¿Todos, o sólo algunos?

No obstante, el grado de contradicciones con respecto a sus propios criterios en los que incurre la Ley va mucho más allá. Además de ampararse en el principio del derecho establecido por las Naciones unidas de “conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión”, el segundo gran principio jurídico en el que dice sustentarse es, nada más y nada menos, que el principio de crímenes contra la humanidad emanado de los procesos de Nuremberg. En este sentido afirma que “el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg establece como crímenes contra la Humanidad “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. Para, a continuación, declarar que los crímenes del franquismo “están claramente definidos como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, ya que consistieron en la comisión de actos de extrema violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de Núremberg, planificados y ejecutados desde el poder político-militar, de forma sistemática y a gran escala”. Añade que “por su propia naturaleza, estos crímenes son imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de Amnistía o de cualquier otro modo”.

La pregunta que cabe hacer es evidente. ¿“El asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil” se iniciaron en Andalucía con la Dictadura Franquista? ¿No hubo también con anterioridad esta misma tipología de “actos inhumanos”? Por poner sólo algunos ejemplos emblemáticos ¿Qué fueron sino “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación” de anarquistas de mediados y finales del XIX, y primer tercio del XX; el de liberales en la primera mitad del XIX;  la de “moriscos” hasta prácticamente el XVIII; o la de “sefardíes” a finales del XV, sino otros tantos “actos inhumanos cometidos contra población civil constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”, y del tiempo en que se llevaron a cabo?

Si los crímenes del franquismo “están claramente definidos como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, ya que consistieron en la comisión de actos de extrema violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de Núremberg, planificados y ejecutados desde el poder político-militar, de forma sistemática y a gran escala” según la consideración del legislador, ¿por qué no reciben idéntica catalogación las represiones y matanzas de jornaleros andaluces o las de sus antepasados los campesinos “moros”? ¿No consistieron igualmente “en la comisión de actos de extrema violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de Núremberg, planificados y ejecutados desde el poder político-militar, de forma sistemática y a gran escala”?

Si “por su propia naturaleza” los crímenes del franquismo “son imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de Amnistía o de cualquier otro modo”, o sea, que no cabe argüir el tiempo transcurrido para minimizarlos o pedir su “superación” ¿por qué no los demás de semejantes características? ¿Cómo es posible argüir que los crímenes contra la humanidad “son imprescriptibles”, por lo que no cabe aplicarles “prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de Amnistía o de cualquier otro modo”, para después declararlos de facto prescritos todos los acontecidos con anterioridad al 14 de abril de 1931, al dejarlos fuera del ámbito de actuación de la ley?

¿Memorialismo histórico y democrático o panegírico pro-régimen y adormecedor?

Afirma la ley en su artículo 1º que “el objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía (…) la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Este artículo resume las pretensiones de esta ley y patentiza que sólo ambiciona, no la recuperación de “la memoria histórica y democrática de Andalucía”, y por tanto tampoco “la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos”, puesto que, como hemos visto, esta lucha comenzó con anterioridad a 1931 y ha continuado con posterioridad a 1982, sino exclusivamente lo que podría denominarse como memoria democrático-burguesa, pues más que ante una legislación de memoria histórica, democrática o tan siquiera antifranquista, nos encontramos ante una ley de propaganda de la democracia formal, la legalidad del Estado burgués y, a través de ambos, de la legitimación del actual régimen, de esta “democracia” y ésta “legalidad” continuista neofranquista, a la que se emparenta con aquella otra democracia “representativa”, la de la II República Española. De ahí que se afirme que “es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española” no por su valor en sí, sino “como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática”. No nos encontramos, por tanto, ante una legislación memorialista, sino ante un desvergonzado panegírico pro democrático-burgués y pro neofranquista.

Dado que la ley abarca desde abril del 31 a enero del 82, cabría igualmente otro par de preguntas sobre los hechos que ejemplifican la “democracia” que realmente se defiende. ¿Los jornaleros masacrados en Casas Viejas en 1933, lo fueron por su defensa de la “legalidad republicana” y los “valores democráticos” de ésta o los mataron en nombre de esa “legalidad” y esos “valores”,  por levantarse contra esa “legalidad” y esos “valores”? ¿Y los tres jóvenes del Caso Almería? ¿Aquellos tres trabajadores torturados y asesinados en 1981, lo fueron contra el “gobierno legítimo” y la “legalidad democrática” o en nombre y en defensa del “gobierno legítimo” y la “legalidad democrática”, entonces ya pretendidamente en vigor, en la creencia de que estos luchaban contra ese “gobierno legítimo” y sea “legalidad democrática”?

Esta ley, por no ser, no es tan siquiera realmente una ley antifranquista y de protección y honra a las víctimas del fascismo. El propio lenguaje guerracivilista y democrático formal, afirmando la existencia de una “guerra civil” y reduciendo la batalla popular antifascista y de clase habida entre 1936 y 1939 a la defensa de una “democracia representativa”, es prueba de ello. ¿Realmente es creíble que la inmensa mayoría de los “hijos del pueblo” perseguidos y asesinados por los golpistas, de los “hermanos proletarios” que combatieron y resistieron al fascismo, lo fueron y lo hicieron en defensa de la “legalidad republicana”, de unos “valores” democrático-burgueses, o en defensa de su libertad colectiva y su emancipación de clase? ¿Realmente es creíble que cientos de miles de trabajadores muriesen en defensa del “orden republicano”, de su enemigo el orden burgués; que cientos de miles de anarquistas muriesen en defensa de un estado republicano, de su enemigo el Estado; o que ciento de miles de gudaris vascos o milicianos catalanistas lo hiciesen en defensa de un Estado Español, de su enemigo España?

¿Que hubo aquí entre 1936 y 1939, guerra civil, o sea lucha entre dos partes de un mismo pueblo, o guerra social entre las diversas clases populares y un ejército al servicio de las oligarquías económicas? ¿Cuál era esa otra parte del pueblo? ¿El ejército golpista era pueblo? ¿Los fascistas eran pueblo? ¿Y esas oligarquías para las que trabajaban, también eran pueblo? El lenguaje y la visión guerracivilista no son antifascistas ni de izquierdas, son elaboradas y divulgadas por la burguesía para justificar la Dictadura y preparar el terreno a la etapa neofranquista, y son asumidas por los sectores colaboracionistas de la “oposición democrática” como parte de su proceso de traición a los pueblos para acceder al poder. Esta ley no es memorialismo “moderado” o “reconciliador”, es descarada propaganda pro régimen.

¿Quiere esto decir que carece de sentido la lucha y las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y sus descendientes, o combatir por desenterrar la memoria histórica antifascista de nuestro Pueblo? Claro que no, al contrario. Lo que sí quiere decir es que hay que diferenciar entre las víctimas y sus luchas, con la utilización por el Sistema de éstas y de sus justas reivindicaciones, a través de la izquierda del régimen y sus satélites, para, a cambio de unas migajas de reconocimiento y una digna sepultura, servirse de ellos y ellas, así como de sus descendientes, para beneficiar el asentamiento de la sociedad y el régimen neofranquista, coadyuvando a la quietud y la ignorancia popular mediante el mantenimiento tesis revisionistas y entreguistas, como las guerracivilistas.

Objetivos semejantes son los que se persiguen con el sostenimiento y el impulso de “festividades” como las “tomas” o los “moros y cristianos”. Se trata de que el pueblo andaluz permanezca en el desconocimiento de sí mismo; de su identidad, su historia, su cultura, etc., mediante el tratamiento de su propio pasado como algo ajeno a él mismo. La importancia para el régimen de mantener la consideración de aquellos antepasados como “moros”, como individuos sin relación con nosotros y enemigos, en lugar de como lo que eran, andaluces en defensa de sí mismos y su tierra, es la de lograr a través de ese mito inculcar alienación, desarraigo y pasividad.

Ningún pueblo libre celebra sus derrotas de forma festiva o como algo positivo. Y si hay algo innegable e indiscutible, no ya desde un punto de vista histórico sino incluso meramente racional, es que aquellos “moros” eran los naturales de aquellas localidades en aquellos tiempos. Sus habitantes de entonces. Sólo los pueblos ocupados o dominados celebran sus derrotas. En las colonias solían ser obligados a ello por sus conquistadores, para mantener vivo el recuerdo de la humillación sufrida, recordándoles su condición subordinada y de vencidos, y mentalizarles para que se sometan a ella. También en las dictaduras suelen ser obligados, por las mismas razones y con idénticos objetivos. Hay tenéis el ejemplo de los “desfiles de la victoria” franquistas. En ambos casos, en esas “celebraciones” sólo se inhiben, participan voluntariamente, o las justifican, sectores colaboracionistas con el ocupante o el dictador.

La cuestión, por tanto, va mucho más allá de unos casos de racismo institucionalizado. Es una cuestión de Estado que entra dentro de esa política típicamente colonial destinada a mantener la ocupación de un país mediante la perpetuación de la alienación colectiva que evite, no ya levantamientos populares de liberación, sino que tan siquiera se conciba la necesidad de revelarse, y así lograr beneficiar el mantenimiento de una tierra ocupada, y una población subordinada y amordazada. De ahí que aunque salten a la vista el carácter xenófobo e islamófobo de esas “fiestas”, la izquierda del régimen y sus satélites, como fieles lacayos, ayuden en la tarea o permanezcan en silencio mientras en Andalucía se siguen celebrando esos otros “desfiles de la victoria” que son las fiestas de “moros y cristianos”, o esos otros enaltecimientos del 18 de julio que son las “tomas” en las localidades de nuestra nación.

En ese afán colaboracionista, que aspira a las lógicas recompensas políticas, sociales, académicas, económicas, etc.,  por parte del Sistema en pago a los servicios prestados, se encuentran los porqués reales del sucedáneo de “memorialismo” que defienden  y sus visiones guerracivilistas, o el de su inacción ante las “tomas” y similares. Como buenos manijeros al servicio del dueño, no se trata de que el pueblo discierna sino que se siga desconociendo. No se persigue despertar al pueblo, sino mantener el ensueño inducido en que se encuentra. Contra más ignorantes, dóciles y resignados sean los jornaleros, más fácil tiene el capataz su trabajo y más asegurada tiene el terrateniente la propiedad. Una izquierda que en un país colonizado aspira a gobernar en lugar de a liberar no es izquierda transformadora, es izquierda manijera.

Francisco Campos López

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