La estrategia españolista del “poli malo-poli bueno” con el pueblo catalán

Un fantasma recorre la España una, grande y libre, el fantasma de la lucha de los pueblos bajo su dominio por su liberación, hoy encabezada por el catalán. Todas las formas de españolismo, las declaradas y las encubiertas;  el españolismo “nacional”, “federal”, “plurinacional”, “obrerista” o “internacionalista”, se han unido en una Santa Alianza para acorralar y vencer a ese fantasma: Las de derechas y las de “izquierda”, las centralistas y las descentralizadoras, las monárquicas y las republicanas, las fascistas y las “socialistas”.

Todas ellas basan su oposición al referéndum del 1-O, campo de batalla actual del proceso de liberación no sólo catalán sino global estatal, en afirmaciones como las de su inconstitucionalidad, su ilegitimidad, o su falta de “garantías”. Obviamente el referéndum del 1 de Octubre es inconstitucional, en tanto que se salta una constitución, pero se trata de una cosntitución neofranquista, impuesta bajo amenaza y que no admite ni reconoce más nación que la “española”, más pueblo que el “español”, ni más soberanía que la estatal española, razones, entre otras, que hacen que no sea el proceso catalán el ilegítimo, sino dicha Constitución. Y es dicha constitución ilegítima y quienes la defienden los que impiden la existencia de “garantías”, no el propio proceso. Garantías que, además, no pueden proceder de un estado igualmente ilegítimo, al estar amparado en esa legalidad constitucional ilegítima, y que además es continuadora de una “legalidad” fascista.

De todos es conocida la vieja estrategia del “poli malo-poli bueno”. Primero entra el “malo”, que interroga al detenido de forma violenta y brutal: gritándole, amenazándole, maltratándole, incluso torturándole. El “bueno” entra en escena posteriormente, una vez que el “malo” ha logrado desconcertar y  atemorizar al detenido, intentando que el interrogado se rinda y confiese, mostrándose amable y comprensivo con él e incluso con su causa. Le hace ver la inutilidad de su resistencia y le pide que se doblegue por su propio bien y el de los suyos. Los dos actúan coordinadamente y pretenden el mismo objetivo, su sometimiento. Objetivo que no consigue el “malo” sino el “bueno”. El papel del malo es sólo el de colocar en un estado de shock psicológico tal al detenido que facilite al “bueno” el lograrlo. No es, por tanto, el “malo” sino el “bueno” el realmente peligroso. Aquel del que hay que guardarse.

Una estrategia semejante es la que está llevando a cabo el españolismo con el pueblo catalán, con el objetivo común de paralizar y revertir su proceso de autodeterminación, manteniendo así la España una, grande y libre. Y a los catalanes atados a ella. El españolismo duro, el “poli malo”, a través de la represión institucionalizada y el Estado de sitio encubierto, intenta sembrar el miedo y el sentimiento de derrota y fracaso en el pueblo para situarlo en un estado emocional generalizado de desesperanza y derrotismo que facilite la labor reconductora del “poli bueno”, el españolismo aparentemente light y de guante blanco, que tras mostrarse comprensivo con su causa le conducirá, a través de sus propuestas de “diálogo” y “referéndum pactado”,  de nuevo dentro al redil de los márgenes y límites trazados durante la “transición” y fijados en la Constitución del 78. El “malo” da con el palo al pueblo para que éste, aún aturdido y atemorizado por los golpes, incluso con sentimientos interiorizados de culpabilidad, reciba con los brazos abiertos la “alternativa” de la zanahoria continuista que les ofrece el “bueno”.

Todos los partidos, políticos e intelectuales del régimen, tanto los que lo defienden abiertamente, los “constitucionalistas”, como los “alternativos” que dicen aspirar a cambiarlo desde dentro, los partidarios de una nueva “transición” hecha “de la ley a la ley”, como la primera, pretenden la capitulación del pueblo catalán, su subordinación al Estado Español y el sometimiento a su dominio. Los españolistas “malos” mediante la fuerza del “imperio de la ley” y los “buenos” mediante la persuasión de la “falta de garantías”, equiparable al típico mensaje de “poli bueno” del: es por tu propio bien y el de los tuyos. Y ambos se parapetan tras la legislación vigente y la Constitución impuesta, los “malos” esgrimiéndolas como una biblia ante la que sólo cabe exclamar: “¡Palabra de Dios, te alabamos señor!, y los “buenos” como supuesto trámite necesario e imprescindible para obtener  esas tan anheladas “garantías” del supuesto “referéndum pactado”. Esgrimen los “buenos” para justificarlo un supuesto realismo, un falso adaptarse a la realidad dada, que no supone negarla y transformarla sino someter a ella mensajes, estrategias y metas. Un adaptarse a la realidad que, por tanto, sólo es en realidad una prueba más de haber sucumbido al oportunismo, y que sólo conlleva, para el pueblo catalán y el resto de pueblos oprimidos por el Estado, una claudicación . Sólo les proponen en realidad una rendición incondicional.

Ejemplo de todo lo expuesto, así como de la hipocresía con respecto a los pueblos y las naciones oprimidas por el Estado Español que destilan los “polis buenos” de la izquierda del régimen, lo constituye el  llamado “Manifiesto por la libertad, la fraternidad y la convivencia”, más conocido como “Manifiesto de Zaragoza”, impulsado por Podemos, ese partido cuyo líder afirma: “estoy orgulloso de ser español” y que denomina a España su patria y su país, así como por sus variopintos satélites; Izquierda Unida, los “comunes”, las distintas “mareas”, etc., y algunos teloneros.

En el Manifiesto de Zaragoza declaran sus firmantes estar “comprometidos con la democracia, la libertad, la fraternidad, el dialogo, la convivencia y con los derechos civiles, sociales y nacionales”, en referencia a “los pueblos y naciones del Estado” a cuyos ciudadanos dicen representar, y afirman que  “la situación de conflicto en Catalunya requiere diálogo y soluciones políticas democráticas”. Reconocen la existencia de dichos pueblos y naciones para, a continuación, ignorar y no defender sus derechos colectivos. Reconocer de forma real a un pueblo o una nación conlleva idéntico reconocimiento a sus derechos. Lo contrario es hipocresía y colaboracionismo. Y el derecho colectivo fundamental que poseen los pueblos y las naciones no es el de “decidir” sino el de poseer y ejercitar su Soberanía, que es lo que está haciendo el pueblo catalán. El referéndum catalán no se basamenta en la ilegítima Constitución española y su legislación, sino en la legitimidad de su soberanía popular y nacional, y la legislación que de ella emana. Una legitimidad que le es propia y que no requiere ni pide reconocimiento ni autorización de nada ni de nadie.

Estar realmente “comprometidos con la democracia, la libertad” y la “fraternidad”, no consiste en pedir “garantías” a las autoridades catalanas y dentro de la legalidad vigente, sino oponerse a esa “legalidad” y denunciarla como ilegítima. Estar realmente comprometidos con “el dialogo” y “la convivencia”, conllevaría exigir esas “garantías” al Estado Español, y sólo en el sentido no de permitir sino de no entorpecer el referéndum puesto en marcha por las instituciones catalanas, en nombre de su pueblo y del ejercicio de su soberanía. Estar realmente comprometidos “con los derechos civiles, sociales y nacionales” de “los pueblos y naciones del Estado” sería reconocer y exigir, de forma inmediata e incondicional, no su derecho a decidir, sino su derecho a la posesión y ejercicio de su soberanía, que es en el que se asienta su derecho a decidir, y no en la posible permisividad del Estado impuesto que se la niega y usurpa.

No es cierto que “la situación de conflicto en Catalunya requiere diálogo y soluciones políticas democráticas”. En Catalunya no hay “conflicto” entre partes, legitimidades o legalidades. No se puede comparar ni igualar a la víctima y al verdugo. Al opresor y al oprimido. En Catalunya lo que hay es denegación y persecución de derechos consustanciales a todo pueblo y nación. A la detentación y puesta en práctica de su soberanía popular y nacional. Las únicas soberanías realmente existentes. La soberanía estatal no existe como algo inherente a él mismo, como si ocurre en el caso de los pueblos y las naciones. Su soberanía deriva de las otras dos, es subalterna de ellas, y su autoridad sólo es legítima si procede y le ha sido otorgada libremente por el pueblo al que representa, o por los pueblos y naciones que contiene. Son los pueblos y las naciones los que, de forma voluntaria, otorgan legitimidad a los estados plurinacionales, y no al contrario. Todo Estado plurinacional que no está conformado bajo la previa aquiescencia de esos pueblos y naciones en el ejercicio de su soberanía, que precede a los estados nacionales en que se conforma dichas soberanias, es un Estado ilegítimo impuesto. Y si además no reconoce a esos pueblos y naciones, negándolos, usurpando sus soberanías e imponiéndose a ellos, es un estado ocupante, opresor y dictatorial. Un Estado tiránico. No se puede hablar de democracia, de diálogo ni de pactos frente a un régimen tiránico. Sólo cabe dialogar y pactar con respecto a su derrocamiento con el fin de hacer posible una democracia real. En las dictaduras no hay ni puede haber democracia. Las opresiones no se reforman ni se mejoran, se combaten y se destruyen.

Afirman también en el Manifiesto, a continuación, que con la actuación gubernamental española actual en Catalunya se ésta “destruyendo la convivencia y las bases constitutivas de la democracia, llevando a Catalunya y a España” a “una situación de excepcionalidad preocupante”, que califican igualmente como “situación de excepcionalidad e involución democrática”. Para terminar emplazando “al Gobierno del Estado a dialogar con la Generalitat” y “a cesar con su política de excepcionalidad y represión que amenaza las libertades fundamentales constitutivas de la democracia”, pidiendo que “el Gobierno no debe impedir que el 1 de octubre los ciudadanos catalanes se expresen como consideren”.

Lo que  está “destruyendo la convivencia” es el Estado Español impuesto. Su misma existencia. Un Estado que no es que esté destruyendo “las bases constitutivas de la democracia” es que se fundamenta en la inexistencia de democracia y en el dominio mediante la fuerza sobre esos pueblos, naciones y ciudadanos a los que los firmantes afirman representar. En Cataluña no hay “excepcionalidad” sino “normalidad” imperialista. España y sus estados se crearon para oprimir y explotar a los pueblos. Eso es lo que han hecho y continuarán haciendo todos ellos. Esa es su normalidad. Su razón de ser. Lo que hace el actual en Catalunya no conlleva “involución democrática”. No puede haber involución de lo inexistente, sino el pasar a una forma más descarada, masiva y sin ambages de la represión habitual. Pasar de una “dictablanda”, de una situación de tolerancia vigilada en sus formas de actuación, a una dictadura descarnada. Aquello que siempre han hecho todos ellos cuando han creído o percibido que su poder tiránico era puesto en entredicho o corría riesgo su continuidad.

Lo que “amenaza las libertades fundamentales constitutivas de la democracia”, en realidad su existencia futura dado que actualmente no es que estén amenazadas sino que se carece de ellas a nivel colectivo, e incluso individual más allá de formalismos, es la propia existencia de este o cualquier otro Estado Español. Todo imperialismo es opresor y toda dictadura antidemocrática debido a sus propias naturalezas. Por lo tanto es absurdo pedir “al Gobierno del Estado a dialogar con la Generalitat”, así como solicitar y afirmar que “el Gobierno no debe impedir que el 1 de octubre los ciudadanos catalanes se expresen como consideren”.

Sí realmente se reconoce la existencia de un pueblo catalán y una nación catalana, así como el resto de pueblos y naciones bajo el dominio español, lo que corresponde hacer es defender y luchar por la devolución de sus soberanías, de forma inmediata e incondicional. Y, como consecuencia de vaciarse de soberanía el Estado, pues al poseerlas los diversos pueblos y naciones el Estado Español la perdería, también la desaparición del mismo, igualmente de forma inmediata e incondicional. Cualquier otro proyecto no es ni democrático ni supone favorecer a los pueblos, las naciones y a sus ciudadanos. Sino actuar contra todos ellos.

Todo el que lucha por otra España, por otro Estado Español, lucha contra todos los pueblos, las naciones y sus ciudadanos. No actúan por la libertad ni por cambiar los estados imperialistas españoles, sino que aspiran a sostenerlos. No defienden la democracia los que llaman al diálogo y a la negociación garantista con la tiranía, sino los que llaman a combatir y destruir la dictadura. No pretenden cambios reales los que abanderan nuevas transiciones y reformas del Estado impuesto, sino los que siguen enarbolando la bandera de la ruptura democrática con el Estado del régimen neofranquista. Ese proyecto de ruptura y pro-democrático que fue abandonado por aquella “oposición democrática” en los setenta en aras a facilitar su acceso al poder, a cambio de traicionar a los pueblos permitiendo y abalando el continuismo del régimen, al que sólo se sometió a un lavado de cara epidérmico en formalismos democrático-burgueses, pasando así de una “democracia orgánica” a una aparente “democracia representativa”.

Eso fue la “transición”, y eso será la nueva “transición” que nos proponen los que se rasgan hipócritamente las vestiduras por las carencias y atropellos del régimen neofranquista que inició su andadura tras aquel otro “pacto”. Ese al que los unos contribuyeron aceptando la “reforma democrática” y los otros, la nueva socialdemocracia “alternativa”, pretenden renovar mediante la propuesta de otra “transición” y otra “reforma democrática”. El que reforma algo no cambia ni sustituye lo existente, lo remoza y con ello lo mantiene. Cambiar un régimen no consiste en cambiar leyes, constituciones e instituciones, es romper con él, con sus leyes, constituciones e instituciones. No es adaptase a la legalidad vigente sino romper con la legalidad vigente. Eso es lo está haciendo el pueblo catalán y lo que ignoran, o hacen como que ignoran, los firmantes de este manifiesto.

Y es que, al igual que los que formaron parte de aquella primera “transición” de los setenta, los que proponen ahora una segunda y aspiran a ser actores destacados de la nueva “reforma democrática” que se está cociendo, de ese nuevo lampelusiano cambiarlo todo para que todo siga igual, son conscientes de que lo que se les impone como condición para formar parte del nuevo-viejo régimen es someterse a los tres límites infranqueables. Los mismos del 77: el mantenimiento del sistema explotador capitalista, de un “orden” burgués que proteja el latrocinio institucionalizado y de un Estado imperialista único que ampare la opresión sobre los pueblos, las naciones y sus clases obreras. ¿El precio a pagar?, de nuevo la traición. ¿El premio a alcanzar?, como en el 75, salir de la improductiva, y por ello odiada, “marginalidad”, obteniendo su correspondiente porción de tarta social, política y económica, en pago a los servicios prestados al sistema y al régimen.

¿Que pueden errar de buena fe? Quizás algunos sí. Pero si tal hecho ocurre, y permítanme que lo dude al menos en aquellos firmantes de larga experiencia y trayectoria, conllevaría tal grado de ignorancia e incompetencia política, y de tal magnitud, que les incapacitaría por sí misma como activos políticos. Ya no podrían ofrecer más proyecto de futuro que su propia retirada. Y el currículum es indiferente. El error del hoy no lo borra el acierto del pasado, ni convalida la actuación del que lo comete su trayectoria. Al igual que la verdad, la mentira es la mentira, y la traición es la traición, la digan o la cometan Agamenón o su porquero. Parta del más vil y despreciable de los hombres o del que hasta entonces haya sido el más intachable e íntegro de los mismos. Sea mantenida o realizada consciente o inconscientemente, el daño producido será idéntico.

Francisco Campos López

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